La “jugada” que la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, hizo en el Senado fue noticia dado que, al dividir repentinamente al bloque oficialista con la única finalidad de obtener la segunda minoría en dicho recinto, buscó conseguir el nombramiento para el oficialismo del único miembro de la Cámara Alta que resta nominar para integrar el Consejo de la Magistratura, lugar que el espíritu de la ley aplicable destina a la oposición. 

Lo que parece ser una jugada política de ajedrez, es, en realidad, un verdadero ataque a las instituciones, una acción ilegítima y engañosa cuyo único objetivo es hacerse, en última instancia, con el control de dicho Consejo cuya función estratégica es analizar y proponer postulantes a jueces y magistrados de la Nación y controlarlos en el ejercicio de sus funciones. 

Esta arremetida contra el Poder Judicial por parte del gobierno “K” viene de larga data. En julio del año 2020, cuando la gente estaba en cuarentena estricta sin poder trabajar como consecuencia de las medidas de aislamiento impuestas por el Ejecutivo, el oficialismo presentó con su característico sentido de la oportunidad, un proyecto de reforma judicial que no ha sido aprobado por el Congreso, aunque tiene media sanción del Senado. Esa reforma entre otros objetivos era nombrar cientos de jueces y magistrados solo con el voto del bloque K debido a la composición del Senado. 

A la par, fueron por la cabeza de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, encontrándose el arbitrio de la Casa Rosada limitado por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que los mismos permanezcan en los cargos para los que habían sido trasladados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal hasta tanto el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos, cumplimentando de esa manera con el proceso constitucional establecido. 

Para disgusto del gobierno, a su vez, el pasado 16 de diciembre, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 26.080 -sancionada por el kirchnerismo-, que fijaban la composición del tan preciado Consejo de la Magistratura de la Nación, dado que en esta nueva integración, el órgano político había pasado a tener 7 de los 13 integrantes, violando de esa manera el equilibrio establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional,  otorgándole un plazo de 120 días al Congreso de la Nación para que sancione una nueva ley. Al no haber sucedido esto, se debió restituir la composición originalmente establecida por la ley 24.937.  

Fue en este revés que la Vicepresidente vio una oportunidad, pues hasta ese momento el Frente de Todos contaba con el bloque más grande del Senado, de 35 miembros, seguido por el radicalismo con 18 senadores y el PRO con 9, correspondiendo de esa manera la designación de 2 consejeros por el Frente de Todos (mayoría), 1 por el radicalismo (primera minoría) y 1 por el Pro (segunda minoría). Luego, al cínicamente dividir el bloque oficialista –fuera del plazo establecido por la Corte, cabe aclarar–, el Frente de Todos, o como quieran llamarlo ahora, pasaría a ser mayoría y segunda minoría al mismo tiempo, buscando arrebatar un lugar en el Consejo que no le corresponde. Tan simulada fue tal división, que incluso hubo un senador que pasó de un bloque al otro al darse con que él ya formaba parte del Consejo y no podría ser nombrado nuevamente. Una verdadera burla a la democracia. 

Si bien la composición de bloques válida es la que existía al momento del ya citado fallo de la Corte (diciembre de 2021), lo preocupante es el empeño que tiene el gobierno por tomar un lugar que saben que no les corresponde, dejando a la vista no solo que creen que sus intereses personales son superiores a los de la Nación, sino que además saben con la culpa que ellos mismos cargan y el castigo que podría caberles, dado que, como dijo alguna vez la escritora Fred Vargas «la inocencia no teme la vigilancia pública”. 

Como si esto fuera poco, y mientras aún sigue en discusión el nombramiento de los consejeros, un aliado clave del oficialismo, presentó un proyecto para reformar la composición de la Corte Suprema ampliándola a 16 miembros. Tienen un claro objetivo y, dado que el tiempo corre, ya no tienen ningún escrúpulo para conseguirlo. 

Claro está que la inflación, la presión tributaria, la pobreza y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes, no son parte de la agenda del oficialismo. Están haciendo lo posible para romper el equilibrio de poderes, pretenden que el Poder Judicial responda sumisamente al gobierno, condicionando de esa manera a la sociedad toda. 

El “vamos por todo” sigue más vigente que nunca. Como oposición, nos encontramos hoy frente a una de las batallas más importantes que debemos dar, puesto que sin instituciones no hay República, y sin República, no hay futuro.