El oficialismo continúa con su plan de excluir la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura, un órgano clave en la selección y remoción de los jueces. Si no surge ninguna sorpresa de último momento, esta semana el Frente de Todos dará media sanción al proyecto en el Senado y las miradas empiezan a apuntar a la Cámara de Diputados, donde Juntos por el Cambio se puso en alerta ante la posibilidad de que el oficialismo, que ya se lanzó a la caza de votos, consiga la mayoría para convertirlo en ley.

La iniciativa que aprobará el oficialismo en el Senado propone un Consejo de la Magistratura con 17 integrantes –en la actualidad son 13–, pero le cierra la puerta a la participación de la Corte Suprema. En la vereda contraria, Juntos por el Cambio sostiene que la Corte Suprema –por medio de su presidente– no solo debe estar representada en el organismo sino que, además, debería presidirlo.

Una tercera alternativa es la que enarbola la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño, quien, además, se desempeña como miembro del Consejo de la Magistratura. Camaño propone que la Corte Suprema cuente con una silla en el Consejo pero, a diferencia de Juntos por el Cambio, insiste en que no debería presidir el cuerpo. No sólo eso: sugiere que el representante del alto tribunal sea rotativo por un año para que todos los jueces de la Corte y no solo su presidente ejerzan la representación en el Consejo.

En Juntos por el Cambio miran la propuesta de Camaño con desconfianza. “El único sentido que tendría que la Corte Suprema integre el Consejo de la Magistratura es para presidirlo; sería una humillación para un juez del máximo tribunal equipararlo al nivel de los abogados, de los académicos o de los jueces. Se desconocería la jerarquía que tiene la Corte Suprema”, esgrimen en la principal coalición opositora.

Camaño rebate estos argumentos. La diputada bonaerense no coincide en que el representante de la Corte Suprema asuma facultades omnímodas en el Consejo de la Magistratura por el solo hecho de integrar el máximo tribunal de Justicia. Advierte que no son buenos los antecedentes cuando en el pasado, previo a la reforma de 2006, el presidente de la Corte, a su vez titular del Consejo, concentraba el manejo de los millonarios recursos del Poder Judicial. “Había favoritismos”, desliza, y propone que la Corte participe de la administración del presupuesto de la Justicia pero dentro de una comisión integrada por los demás estamentos.

Camaño, veterana en las lides legislativas, hace caso omiso de las presiones y las sospechas que se despiertan sobre ella. “Hasta ahora nadie del oficialismo se contactó conmigo para negociar nada”, asevera. Y enfatiza: “La Constitución y las leyes son claras: en el Consejo de la Magistratura deben estar representados los jueces de todas las instancias, la Corte es una de esas instancias, pero en ningún lugar se establece que debe presidirlo”, sentencia.