Sorpresa en la causa sobre la Gestapo antisindical: el exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, reconoció que mantenía reuniones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que allí hablaron de las causas contra el dirigente de la UOCRA, Juan Pablo «Pata» Medina. También dijo que conversó del tema con el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con el intendente de La Plata, Julio Garro y hasta con el secretario del juez de Quilmes Luis Armella, que fue quien ordenó la detención del sindicalista.

Para justificar todo esto sostuvo que su función, prevista por un decreto de María Eugenia Vidal, era la de velar por los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos, entre quienes ubicaba a los empresarios que tenían conflicto con la UOCRA. Con ese objetivo, se explayó, debía «articular» la relación del gobierno bonaerense con el Poder Judicial.

Repitió esa palabra, «articular», una infinidad de veces, a modo de eufemismo para explicar por qué hablaba con jueces, con otros funcionarios judiciales –sin importar la famosa independencia de poderes por la que tanto clama el macrismo– y se veía con espías. Por todo eso, abundó, alentaba a los privados a hacer denuncias judiciales.

EL ESCRITO DE GRASSI ANTE EL JUEZ KREPLAK

Grassi no respondió preguntas del juez Ernesto Kreplak y de la fiscala Ana Russo , pero presentó un escrito de 64 páginas a modo de declaración. Lo primero que plantea es que el juzgado de La Plata es incompetente y que la causa debe pasar a Comodoro Py, algo que también viene intentando el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano. Esta es la única causa por espionaje que permanece lejos de los tribunales porteños tan deseados por ex funcionarios/as de Juntos por el Cambio. Para hacer ese pedido Grassi, un ex fiscal porteño graduado en la Universidad Católica, dijo que bastaría el hecho de que en la causa se analizan reuniones en la Casa Rosada y en la AFI.

El disparador del expediente fue el hallazgo en la AFI de un video de una reunión en el Banco Provincia, el 15 de junio de 2017, también en la Ciudad de Buenos Aires, donde participaron otros exfuncionarios provinciales (los exministros Villegas y Roberto Gigante, Garro, el senador Juan Pablo Allan, empresarios de la construcción y delegados de cámaras y tres jerarcas de la exSide) y planificaban el armado de causas contra sindicalistas y en especial contra el «Pata» Medina.

La imputación que le informaron a Grassi dice que se lo acusa de haber intervenido en 2017 en «el diseño y puesta en práctica de una estrategia –decidida o autorizada en niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial– dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno al accionar de la UOCRA seccional La Plata o de su secretario general y allegados» y que «no se habría limitado» a colaborar con pruebas y «garantizar las condiciones necesarias para que el poder judicial cumpliera sus funciones constitucionales» sino con «la ejecución de diversas acciones ilícitas tendientes a garantizar un resultado predeterminado en esos procesos».

¿Qué acciones? El juzgado señala actividades de inteligencia ilegales (tareas de campo y consultas a bases de datos) de la AFI usados por ese organismo, que –dice– negociaba con autoridades del gobierno de María Eugenia Vidal. A Grassi lo complican, además de la reunión en el Bapro, las visitas a la AFI, los llamados con De Stéfano, otros múltiples contactos con Villegas, Garro, los empresarios y el juzgado que abrió una causa contra Medina con una denuncia anónima.

LA REUNIÓN DE LA GESTAPO

Grassi no precisa en el escrito cómo se organizó la reunión en el Bapro donde Villegas sinceró su deseo de una Gestapo para «terminar con los gremios». Dice que fue un encuentro «de trabajo con los integrantes de distintas cámaras» vinculadas a la construcción, que se quejaban por los conflictos con la UOCRA. Su tarea, insistió, era procurar la «protección de aquellos ciudadanos bonaerense que vieron arrolladas su garantías constitucionales por el accionar de Medina». En el video, es cierto, los empresarios se quejaban. La repuesta de Grassi en ese momento fue que no veía los delitos en lo que planteaban, lo que dio pie a que De Stéfano propusiera provocar a Medina, «complicarle la vida» para poder denunciarlo. En su escrito el exsubsecretario dice que «jamás» se le «ocurrió que «las medida que sugirió la AFI fueran usadas fuera del marco legal». Sin embargo, en ese momento no había ninguna causa abierta, algo que recién ocurrió a finales de mes. Lo que sí sucedía era que la exSide desde el 9 de Mayo espiaba al «Pata» Medina. Como el resto de los imputados, Grassi dice que no sabían que lo filmaban.

REUNIONES EN LA AFI

En su descargo Grassi admite que fue a la AFI y que eso no es delito. Dice que fue el 31 de julio de 2017, el 8 de agosto y el 2 de enero de 2018: las dos primeras fueron con Diego Dalmau Pereyra, exdirector operacional de Contrainteligencia (también presente en el Bapro) y la tercera con De Stéfano. Era funcionario provincial y su peculiar explicación es que acudió «en virtud del cargo que ostentaba», por sus «conocimientos en temas legales, especialmente el área penal» y porque tenía «obligación» de «participar de muchísimas reuniones de diversa índole». En párrafo confiesa: «En alguna ocasión se habló sobre el estado» de «las distintas causas penales en las que se encontraba imputado el Sr Medina». Con aires de distraído dijo que creía que lo que hacía la central de inteligencia tenía respaldo judicial. Para él lo que importa es que sus «contactos con personal de la AFI fueron escasos».

LLAMADOS SOSPECHOSOS

El escrito tiene una lista de llamados de 2017 con otros hombres presentes en la reunión del Bapro. Los 113 con el senador Allan los atribuye a que ambos eran integrantes del Consejo de la Magistratura bonaerense. Los 84 con Villegas eran, dice, por «la función pública» y agrega que reconoce haber hablado sobre los conflictos con la UOCRA. Lo mismo marca sobre 30 con Garro.

Con los empresarios Fabián Cusini y Carlos Tejada Ibáñez admite que se debieron a los problemas con la UOCRA y se jactó de ser quien les recomendó hacer denuncias judiciales. También a Marcelo Jaworski, con quien se reunió, le dio el mismo consejo. Este solo fue al ministerio de Trabajo y la nota que elevó apareció en la causa de Armella.

Grassi tiene llamados con Pablo Wilk, secretario de ese juez (cuya intervención era dudosa ya que es de Quilmes y la denuncia aludía a hechos en La Plata): uno el 30 de agosto y otro el 1 de septiembre. El exsubsecretario dijo que hablaba para «articular» las declaraciones de los empresarios como testigos, ya que considera que debía «interceder ante magistrados» en defensa de derechos. Es decir, desde un cargo político se inmiscuía en los expedientes.

Se ve que no habría sido el único caso porque describe que se reunía «con jueces y funcionarios de todas las instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público».

FUENTE: Página/12