La Justicia de Bolivia rechazó un recurso presentado por la defensa de la expresidenta de facto Jeanine Áñez para que le otorguen la prisión domiciliaria mientras se desarrollan las investigaciones en su contra, cuando se cumplen cuatro meses de su encarcelamiento, el plazo que debía durar su detención preventiva y que se amplió a seis.

«Vuelven a negar a Áñez su derecho a defenderse en libertad«, lamentaron sus familiares a través de la cuenta de Twitter oficial de la exmandataria de facto.

«La ampliación de cuatro a seis meses de la detención preventiva es ilegal», escribieron sobre el arresto preventivo contra ella que se dictó el 14 de marzo.
Su defensa «insistirá hasta lograr justicia por su salud y su inocencia», agrega el tuit citado por la agencia de noticias Europa Press.

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— Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) July 13, 2021

En la actualidad, la justicia de Bolivia tiene abiertas varias investigaciones contra Áñez, quien cumple cuatro meses tras las rejas acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019 que terminó con una rebelión militar y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Los procesos legales que enfrenta Áñez cuentan con el aporte de evidencias que fueron provistas por los ministerios de Justicia, Gobierno, Relaciones Exteriores, Economía y Desarrollo Productivo, además de la Procuraduría General del Estado y la presidencia del Senado, informa el diario boliviano El Deber.

El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que prepara las condiciones para aprobar cuatro juicios de responsabilidades contra la expresidenta, asegura que hay garantías, mientras los opositores acusan señales de deterioro en la democracia en el país.

El abogado Jorge Valda, que es parte del equipo jurídico que patrocina a la exmandataria de facto, anticipó que en las próximas horas insistirán con otras acciones de libertad.

Las denuncias

La primera denuncia contra Áñez fue planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien a finales de 2020 ya se había querellado contra los jefes militares que acompañaron al Gobierno transitorio.

Esa acusación fue por sedición, terrorismo y conspiración y derivó en una acción directa de la Policía en Trinidad que terminó con su captura, a medianoche del 12 de marzo.

Tres días después, Áñez fue ingresada en el penal de Obrajes y al cabo de una semana fue trasladada hasta la cárcel de Miraflores, en La Paz.

El Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), se sumaron a la acusación de un segundo caso que fue bautizado como «golpe de Estado», por el que también fueron detenidos los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, así como el excomandante de la Fuerza Área Jorge Terceros y el exjefe de la Armada Gonzalo Jarjuri.

La Fiscalía admitió otra denuncia, promovida por el Servicio Plurinacional de Atención a las Víctima (Septavi), contra Áñez por «genocidio» – un delito penado con la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto- por las 37 personas que murieron tras la intervención militar y policial de mediados de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata.

Además, el Ministerio Público, a través de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ya planteó la propuesta de acusación formal para que la Asamblea Legislativa autorice el inicio de otros tres juicios de responsabilidades contra Áñez.

Uno por la contratación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327 millones de dólares sin el aval del Legislativo, otro por la adjudicación irregular de la administración del registro de empresas (Fundempresa) y un tercero por el delito de discriminación promovido por un grupo de ciudadanos bolivianos que fueron impedidos de retornar al país durante la primera cuarentena rígida de 2020, cuando se cerraron fronteras como consecuencia de la pandemia.