Los principales referentes de Juntos por el Cambio, encabezados por el expresidente Mauricio Macri, conectado desde Francia, participaron hoy de una videoconferencia en la cual ratificaron su rechazo al tratamiento de le reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones.

Macri, desde la habitación del hotel en el que se aloja en París; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich; el diputado Cristian Ritondo; el senador Humberto Schiavoni y el auditor y ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto participaron de la videollamada en nombre del PRO.

También lo hicieron, por la UCR, el titular del partido, Alfredo Cornejo; el diputado Mario Negri; los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau, y los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López.

En un comunicado emitido al término de la reunión, los dirigentes de la alianza expresaron que «Juntos por el Cambio se opone a la propuesta del Poder Ejecutivo y propone la agenda de la gente, de los miles que están perdiendo su trabajo, de los ciudadanos que sufren la inseguridad y que tienen jueces que solo se les ocurre liberar delincuentes».

Para los firmantes del texto, «la llamada ‘reforma judicial’ que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4.000 millones anuales».

«En un contexto en el cual la economía se derrumba en una escala sin precedentes, crecen el desempleo, la desigualdad y la pobreza, los esfuerzos de los tres poderes del Estado y de las fuerzas políticas deben estar puestos en trabajar en una mejora sustancial del Estado, para hacerlo más productivo y en la eliminación de los privilegios», señala el escrito..

Para los integrantes de la principal fuerza de oposición «semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario, no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo».

«El proyecto enviado al Senado es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal. El sistema acusatorio demanda más fiscales y no más jueces», expresaron.

Los dirigentes coincidieron en que «la cantidad de órganos proyectada es arbitraria y no responde a ningún estudio serio respecto de la carga de trabajo».

«Se trata de una reedición agravada de las reformas de la década de los noventa, cuándo se amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros para crear la ‘mayoría automática’; apareció el per saltum para facilitar privatizaciones irregulares; se duplicaron los cargos del fuero en lo criminal federal de la Capital para designar jueces propios, y se integró la Cámara de Casación con magistrados sin la capacitación y la decencia que demanda el cargo», recordaron.

Los integrantes de las tres fuerzas políticas evaluaron también que «no se superan los problemas originados por el desempeño degradado de algunos magistrados creando más cargos, sino haciendo responder a los malos jueces por sus actos»

«No podemos desconocer que la reforma se impulsa en un contexto donde funcionarios del gobierno promovieron la libertad de presos comunes y corruptos confesos», añadieron.

Según fuentes que participaron del encuentro, se acordó «el armado de equipos para que estudien y evalúen el texto impulsado por el Poder Ejecutivo; un esquema de trabajo que incluye reuniones de la mesa nacional todos los lunes y aspecto relacionados a la organización interna de la fuerza».