El bloque de ARI-Coalición Cívica del Concejo Deliberante de San Martín, integrado por los ediles Marcelo Rodrigo, Alberto Aguilera y Raúl Pagella, ingresó al Cuerpo el 29 de abril un proyecto de Ordenanza que aún no pudo ser debatido en la Comisión de Seguridad. Proponen la creación de un programa de “Corredores Escolares Protegidos” (Ce.Pro).

Los ediles esperan que el proyecto obtenga dictamen de Comisión lo más pronto posible para que pueda bajar al recinto a ser votado por todos los concejales.

El texto dice que el programa será “permanente y con dependencia funcional del organismo que el Ejecutivo designe”. Agrega que el “objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y transito en las calles y avenidas que presentan mayor afluencia de niños y adolescentes en camino a instituciones educativas”.

Los ediles proponen que el Departamento Ejecutivo realice un estudio de campo para establecer cuáles son los caminos más accesibles y con mejores condiciones reales o potenciales de seguridad para la afluencia de los chicos. También remarca que esas rutas recibirán el nombre de “Corredores Escolares Protegidos” (Ce.Pro) y que serán identificadas con la demarcación en color verde de los cordones.

La calificación debe basarse en una evaluación de las condiciones de iluminación, higiene, visibilidad, afluencia de gente, accesos, ubicación geográfica, cercanía de otras instituciones de relevancia y distancias a recorrer.

El proyecto también remarca que el Ejecutivo designará agentes municipales –de Defensa Civil, Tránsito, o lo que crea conveniente-, que vigilarán los caminos y rutas trazadas. También arbitrará los medios para que la Policía participe en la implementación del programa.

Además, la propuesta que busca dictamen en la Comisión plantea algunos deberes para los agentes municipales: cuidar y promover la seguridad vial para prevenir accidentes de transito, intervenir en caso de situaciones violentas o conflictivas, reportar cualquier tipo de anomalía o delito y mantener actualizado el relevamiento urbano del programa.

La puesta en práctica del programa propone integrar a los alumnos y sus padres y familiares, directivos y docentes, vecinos y comerciantes, foros de seguridad, autoridades del Consejo Escolar, fuerzas de seguridad bonaerenses y a los individuos políticos del Ejecutivo y Legislativo.

También se propone la creación de jornadas de convivencia y seguridad participativa para todos los involucrados.

Terminando, el artículo 9 autoriza al Ejecutivo a realizar reasignaciones presupuestarias para la implementación del programa, y sugiere derogar cualquier otra norma que se oponga.

Teniendo en cuenta la urgencia de la problemática de inseguridad en el distrito, el último punto pide que se reglamente la Ordenanza en un plazo no mayor a los 60 días de corridos a partir del momento de la sanción.