Las cifras se dieron a conocer con la nueva gestión luego de una investigación e informe de la subsecretaría de Administración y Finanzas. Señalan que en su mayoría estarían vinculadas “a la política y el proceso electoral” del año pasado. En todo 2019 se realizaron 1.333 contratos.
A pesar de ya no estar ejerciendo funciones tras la ajustada derrota electoral de octubre, otra denuncia golpea a lo que fue la administración de Juntos por el Cambio en manos de Nicolás Ducoté. A través de un informe de la subsecretaría de Administración y Finanzas, la nueva administración de Federico Achával denunció que en 2019 se contrataron 1.333 empleados públicos y que estarían mayormente vinculados “a la política y el proceso electoral” del año pasado.
En este sentido, hay un dato que parece elocuente. Tras la dura derrota por 15 puntos en las primarias de agosto, la administración de Ducoté realizó alrededor de 1.250 contratos temporarios en el municipio. Según consigna el informe, la mayoría de estos agentes “no cumplían funciones”.
El otro dato macro e impactante es la cantidad de dinero estatal que se volcó. En unos pocos meses los gastos por salarios municipales se incrementó en un 58% pasando de 231 millones en enero de 2019 a 343 millones en octubre del mismo año.
A su vez, el informe data algunos ejemplos de determinadas áreas en donde se puede observar con amplia claridad la magnitud de las irregulares contrataciones.
Uno de ellos es la Secretaría de Gobierno que tuvo al frente hasta pocas semanas previo al traspaso de mano al actual concejal, Carlos Arena. En su oficina de 60 metros cuadrados se designó a más de 70 empleados. Un número importante de los mismos dejó de presentarse al trabajo a partir del 11 de diciembre.
Otros casos son los de Atención al Vecino y Gobierno Abierto, dónde de los 40 empleados de cada dependencia, se constató que solo la mitad estaba trabajando. En el Observatorio de Derechos Humanos se conoció que había un tejido de vinculaciones familiares en todos sus empleados. En la Subsecretaría de Atención Comunitaria sucedió algo similar con sus 65 contratos temporarios. Por último, de los 149 coordinadores barriales, 139 se nombraros durante la campaña.
En este contexto, desde hace unos días hay un estado de alerta y movilización por parte de los sindicatos estatales. Por caso, el gremio ATE pedirá una revisión de 170 despidos. El titular de la cartera política, Santiago Laurent, mantuvo reuniones con representantes gremiales y se comprometió a revisar los casos que les traigan y, de ser así, reincorporar a aquellos que hayan sido debidamente despedidos.
