La OA en su momento pidió precisiones al responder que lleva adelante unas cuatro mil actuaciones. Y dijo que sólo uno de los puntos no había podido dar cumplimiento porque esos datos no surgían de sus bases. La Justicia citó la ley 27.275, de acceso a la información pública, y le remarcó a la OA los principios a favor de la difusión de la información pública.

Para la Justicia el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta posee “constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho y un derecho humano fundamental”.

La OA había apelado el fallo de primera instancia, y ahora la Cámara rechazó la apelación.

“Toda vez que la parte demandada no ha logrado enervar -mediante las argumentaciones intentadas- la existencia de excepción alguna que impidiera en el caso el acceso a la información solicitada por la Auditoría General de la Nación, ni que hubiese cumplido en forma adecuada y completa con el requerimiento efectuado por ésta, corresponde rechazar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia”, sostuvo la Cámara, con las firmas de Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández –hombre fuerte del fuero Contencioso- quienes además impusieron los gastos del juicio a la parte demandada, es decir a la OA.