La Justicia ordenó desalojar el edificio donde funcionaban los Tribunales federales de Morón por una deuda millonaria en el alquiler.

Se trata de los tribunales donde funcionan los juzgados federales de Morón, ubicado en Crisólogo Larralde 673. La orden fue emitida por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ante la falta de pago del alquiler, cuyo contrato se viene extendiéndose desde 2003, el propietario, Jorge Azariu, inició un juicio de desalojo y ahora la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó un plazo de 180 días una vez que el fallo quede firme para istar el desalojo.

Cinco años sin pagar el alquiler

Desde 2003 se fue alquilando en sucesivos contratos al Consejo de la Magistratura, pero en 2013 el convenio se rompió ya que el propietario no aceptó el precio que ofrecían desde el Poder Judicial. Desde entonces el dueño acusa la falta de pago que estima en unos 40 mil dólares mensuales.

En los últimos meses desde la Corte Suprema de Justicia se sugirió al Consejo de la Magistratura que inicie los trámites con fines de expropiación del edificio teniendo en cuenta que es un bien afectado a la utilidad pública.

«En esa línea argumental, si bien resulta obvio el impacto que la medida pretendida puede ocasionar en el servicio de justicia, desde que implica la relocalización de la sede de tres juzgados federales, lo cierto es que también aparece claro, en este estado de las actuaciones y a título cautelar, que le asiste derecho al propietario a recuperar el bien a más de 6 años de vencido el contrato de alquiler que había sido firmado con la demandada, y luego de 5 años de no percibir suma alguna como contraprestación por su ocupación», dijo la Cámara.

Los camaristas advirtieron que «tampoco se vislumbra, siquiera remotamente, que se estén dando los pasos liminares encaminados hacia una solución que, además de dotar fácticamente de espacios físicos a los Tribunales Federales sitos en Morón, instrumente de modo concreto, genuino, práctico, legítimo y acorde con el bloque de normatividad constitucional y convencional vigente dicha ocupación, al menos dentro de razonables pautas temporales».