Dieciséis gobernadores se presentaron esta mañana ante la mesa de Originarios de la Corte Suprema de Justicia para exigir una suspensión de las últimas medidas que Mauricio Macri anunció tras su derrota ante la fórmula Alberto Fernández -Cristina Fernández de Kirchner. Los gobernadores sostienen que las medidas oficialistas para «paliar» la situación económica de la clase media son inconstitucionales e implican quitas de entre 600 y 1900 millones de pesos a cada una de ellas en concepto de Coparticipación Federal.

Con excepción de las provincias oficialistas (Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Corrientes y Mendoza), además de Córdoba, Entre Ríos y Chaco, el resto de los distritos unificaron estrategia e instruyeron a sus fiscales de Estado para que presenten una medida cautelar «no para frenar las medidas económicas anunciadas, si no para que no se saquen fondos a las provincias».

Según dijo Pablo Saccone, fiscal de Estado de Santa Fe, las cautelares, presentadas en forma individual por cada distrito, piden la declaración de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales «or la fuerte defracción de recursos» y porque «el Presidente no puede disponer en materia tributaria»..

De las diecisiés provincias, cinco no corresponden al peronismo: Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero y Misiones. Una es Salta, ofensiva que lidera Juan Manuel Urtubey, gobernador que es candidato a vicepresidente por Consenso Federal, junto a Roberto Lavagna. La decena restante son los gobernadores que arman estrategia en línea directa con Alberto Fernández son: Formosa, Tierra del fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucuman y San Juan.

En el listado faltan Chaco, Córdoba y Entre Ríos. De las tres, Gustavo Bordet está elaborando un recurso similar para presentar el próximo miércoles, mientras que Juan Schiaretti ya había adelantado que hoy no compartiría la estrategia de sus colegas.

En Chaco, fuentes oficiales indicaron a Infobae que el gobernador Domingo Peppo prefirió esperar y no sumarse al tándem opositor. «Preferimos no tener que hacerlo, seguimos conversando», respondieron sobre la pausa que se tomó el mandatario que el miércoles pasado estuvo en el CFI y luego acordó con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, deponer su candidatura a gobernador y conformar la unidad con el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.

El borrador presentado en la Corte Suprema va el línea con el documento que 18 gobernadores y un ministro de Economía (el de Córdoba), firmaron el miércoles pasado en la cumbre del CFI contra los decretos 561 y 567 que disponen modificaciones en los impuestos IVA y Ganancias.

En el máximo tribunal anticipan que, como en el caso del reclamo de las provincias productora de hidrocarburos que protestaron por el congelamiento de los combustibles se dará vista al procurador antes de resolver.

El planteo, para el que los gobernadores esperan una resolución «urgente», indica que aunque se busca «paliar la grave situación económica que atraviesa el país», el paquete de medidadas «afecta intereses de las provincias, toda vez que dispone de fondos que pertenecen a las Provincias, de modo inconsulto».

Se afecta, sostienen los fiscales de cada provincia, «el principio de legalidad (por el que el Congreso de la Nación debe modificar las leyes -como en el caso del IVA-), cuanto el sistema de coparticipación que impone la necesidad de abiertos entre Nación y Provincias para modificar recursos coparticipables -como ocurre con aganancias-» al tiempo que se «violentan» los acuerdos establecidos en el Consenso Fiscal en 2018.

Los mandatarios están en una encrucijada: defender sus partidas frente al beneficio que implica para los bolsillos la devolución de dinero en concepto de adelantos ya pagados de Ganancias o la quita del IVA de la canasta básica.

Por eso repiten en sintonía en su defensa y ante las críticas que genera su reclamo: «Nación dictó medidas que dispone de fondos provinciales». Y alegan que esa quita dificulta el cumplimiento de las funciones propias de la provincia que en algunos casos hasta pondría en riesgo el pago de la sgunda cuota del aguinaldo.