Comodoro Py se despertó luego del resultado electoral de la Primaria y puso de manifestación del olfato que caracteriza a los jueces federales cuando los tiempos políticos parecen cambiar. La Cámara Federal dictaminó una serie de resoluciones que tienen varios beneficiarios, pero un principal perjudicado: el presidente Mauricio Macri.

Por un lado, ratificó que la causa Correo Argentino continuará siendo un dolor de cabeza de índole penal para el mandatario y su familia por las presuntas irregularidades en el intento de acordar una quita en la deuda que tiene la empresa con el Estado.

Con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la Cámara rechazó los planteos tendientes a cerrar la causa penal que investiga supuestos delitos en el acuerdo calificado de abusivo por la fiscal comercial Gabriela Boquín entre la empresa Correo Argentino y el Estado por el pago de una deuda millonaria. La denuncia también involucra al exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Por el otro, anuló una serie de procesamientos dictados por el caso Odebrecht y la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El tribunal no sólo benefició a un puñado de exfuncionarios de Planificación encabezados por Julio De Vido (que habían sido procesados) sino que anuló la falta de mérito otorgada en primera instancia contra todos los empresarios que habían participado del consorcio y para el fiscal habían pagado sobornos, incluyendo al primo presidencial, Ángelo Calcaterra, por la empresa constructora IECSA, la cual fue comprada en 2007, por el familiar del Presidente.

Tanto han cambiado los tiempos políticos que la propia titular de la OA, Laura Alonso, calificó de “adecuada” la medida dictaminada por la Cámara. “Le pide al juez que investigue más y mejor”, sostuvo Alonso en relación a la causa del soterramiento, aunque se mostró “preocupada” ante el avance de la causa del Correo, que la tiene a ella como una de las acusadas y dijo que si los jueces actúan de acuerdo a los “tiempos políticos”, eso socava la confianza que la sociedad mantiene con los magistrados.

Otra de las señales que la justicia federal ha dado en los últimos días que dan cuanto del viraje en humor social, es la clausura de la causa denominada popularmente como “operación PUF”, que se inició con la denunciado del hoy cuestionados fiscal Carlos Stornelli.

La denuncia fue archivada por el juez federal Luis Rodríguez, y es un revés para la diputada Elisa Carrió. La denuncia de Stornelli surgió de una serie de escuchas que cayeron en poder de las diputadas de la CC ARI, Paula Oliveto Lago, y Mariana Zuvic, dos dirigentes muy cercanas a Carrió.

El calor de los tiempos políticos, se mueve la justicia federal.