Por Hernán Capiello

A la Justicia le llevó un cuarto de siglo investigar a Carlos Menem y terminó
absolviéndolo porque se tomó demasiado tiempo para decidir si era culpable o inocente. La absolución de Menem es la confesión del fracaso del Estado en su persecución penal. Es la admisión de su propia inoperancia para investigar, su desidia para tramitar las causas y su desprecio por la ciudadanía que merece una respuesta del Estado ante un presidente que posiblemente cometió un acto de corrupción. Se trata también de una violación de la dignidad del acusado, que sin importar quién es tiene derecho a una certeza y a librarse del estado de sospecha en un plazo razonable. Y 25 años desde que se inició esta causa no es un plazo razonable.

Este es el motivo por el cual los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, de la Sala III de la Cámara de Casación, resolvieron absolver a Menem (el tercer juez, Carlos Mahiques, también lo hizo, pero condiferencias). Destrozaron una instrucción que demoró siete años, despellejaron a los jueces del tribunal oral que se tomaron otros ocho para hacer una investigación suplementaria y otros tres para llevar adelante el juicio oral y público que terminó con una absolución. Incineraron a sus colegas de la propia Casación que revisaron con anterioridad la absolución. Dijeron que cometieron decenas de errores técnicos y que hasta inventaron un tipo penal inexistente para forzar una figura de contrabando. Los camaristas se erigieron en jueces de sus propios colegas y los aniquilaron.

Dijeron que los delitos federales gravísimos cometidos, como la falsedad del contenido de los decretos, fueron dejados de lado al declarar la incompetencia de la Justicia Federal. Ahí estaban los culpables que no fueron entonces ni serán ahora condenados. Esos graves delitos federales quedaron latentes por los errores procesales.

Cuando solo quedó en pie el delito de contrabando, que no se verifica en este caso,
porque lo que pasó por la aduana era lo efectivamente declarado, el destino final de esta causa quedó sellado. Hubo fallos al no precisar qué se investigaba.

No lo dijeron estos dos camaristas de Casación, nombrados en sus cargos por Menem, pero eran los 90 cuando el menemismo controlaba Comodoro Py, los tiempos de los jueces de la servilleta que limpió los delitos federales. Se desvió el caso al fuero penal económico y no se investigaron los decretos falsos, génesis del delito, ni la malversación de caudales, el cohecho, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el encubrimiento y el enriquecimiento ilícito.

Hubo defectos, falencias, deficiencias y violación de las garantías constitucionales.
Incluida la de Menem de ser juzgado en un plazo razonable.

Para todo lo que se debió probar, el tiempo pasó de largo, dice la sentencia. El
expediente tiene 330 cuerpos, 70.000 fojas y en lugar de juzgar un acto de corrupción los jueces eligieron ampararse en el respeto de los principios constitucionales y las reglas procesales, para absolver.

El fracaso es de los jueces y fiscales que intervinieron sucesivamente en el caso, y no es culpa de Menem, que dilató el proceso, como dicen los jueces. La tramitación de la
causa desde el principio fue por demás engorrosa, lenta y sin un claro norte para
descubrir la verdad. Y todo fue por la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia de
quienes investigaron el caso, descansando en la tranquilidad de que la causa de todos
modos no iba a prescribir por las elevadas penas de los delitos juzgados y la condición de funcionario del principal acusado.

La investigación fue errática, el juicio oral prolongado, y para colmo de males cuando la Corte debió decidir sobre la sentencia volvió a enviarla a Casación en busca de un doble conforme en lugar de resolver sobre el asunto. La Casación no lo dice, pero los errores no fueron de los involuntarios cometidos en la causa Pérez. La carátula del expediente era Menem, un presidente con demasiado poder.