En la ciudad de Buenos Aires está vigente desde el año 2006 la ley de Educación Sexual Integral (ESI). La misma contempla la instrucción de los alumnos porteños acerca de salud reproductiva y otros ítems tanto en las escuelas primarias como secundarias. En la antesala del debate por la legalización del aborto, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), emitió un duro informe acerca de la aplicación de la ley, donde da cuenta de una deficitaria aplicación de la norma.

La AGCBA relevó 49 escuelas, sobre un total de 619 instituciones educativas en la Ciudad. El trabajo e campo, fue realizado durante el 2016.

Según el trabajo impulsado por Mariela Coletta, auditora por el espacio de Martín Lousteau (Evolución), “el 82 % de los docentes de nivel primario no había recibido capacitación alguna ni comunicación por parte del Ministerio”.

Según detalla el informe,  la incorporación de contenidos de Educación Sexual Integral en las Planificaciones de Ciencias Sociales de sexto grado, (ejemplo que surge del informe), se dio sólo en el 17,39% de los casos.

“Propuse esta auditoría porque después de una década de haber sido sancionada la ley de Educación Sexual era importante saber cómo se estaba aplicando en nuestras escuelas y los resultados no son para nada buenos”, expuso Coletta en declaraciones a la prensa.

Otro dato sobresaliente, es que los materiales didácticos repartidos entre la comunidad de docentes, tienen hoy no menos de una “década de antigüedad”.

Por su parte, la docente porteña y dirigente de UTE, Carolina Brandariz, sostuvo ante LaNoticiaWebque “en la Ciudad no ha habido voluntad del gobierno de la Ciudad ni del ministerio de Educación de instrumentarla”, explicó. En esa línea, Brandariz aseguró que “nunca hubo un programa como existe a nivel nacional que direccione la política de implementación de la ley. Solo han habido algunos convenios con ONGs”. Brandariz además, integra la comisión de género del gremio porteño.

“Hay un falta de responsabilidad en el gobierno de la Ciudad para implementar una política que puede posibilitar en las aulas, temáticas vinculadas a educación sexual integral, identidad sexual, a igualdad de géneros, soberanías de los cuerpos y temáticas vinculadas a prevenir violencia de género”, explicó la dirigente gremial.

El informe desarrollado por la Auditoría, sale en el contexto donde severos cambios culturales operan en la sociedad. El feminismo, el colectivo “Ni una menos”, la inclusión de la violencia de género en la agenda pública y la militancia trasversal por la legalización del aborto dan cuenta de ello.

Un dato que no deja ser elocuente. De los doce años en que lleva la ley vigente, ocho correspondieron a la gestión de Esteban Bullrich al frente de la cartera educativa porteña. El actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires, se ha manifestado públicamente en contra de la legalización del aborto y votará en contra del proyecto de ley cuando se debata en la cámara alta del parlamento nacional.

“Es indignante oír a muchos oponerse al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo argumentando, entre otras cosas, con la Educación Sexual Integral porque cuando tuvieron responsabilidades institucionales hicieron poco y nada para cumplir con la ley”, reflexionó Coletta en declaraciones a la prensa al respecto.