En algunos casos debimos recurrir al Ministerio de Trabajo para poder ingresar a las clínicas y sanatorios para evaluar las condiciones de trabajo y la regularidad de contratación. Al momento hemos detectado más de 30 casos de personas que ejercían la medicina en estas condiciones. Denunciamos la situación ante las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, quienes no brindaron respuesta institucional alguna para enfrentar esta realidad que pone en riesgo la salud de quienes consultan.

 

Los lugares de trabajo donde se genera mayor vulnerabilidad son las clínicas, sanatorios y unidades de emergencia móviles. Estas entidades, que persiguen únicamente fines comerciales, tienden a ahorrar en salarios pagando sumas miserables en negro. Los responsables son los directores médicos de dichas empresas, y aunque esto se ve principalmente en el sector privado, nos alarma que actualmente este fenómeno se esté replicando en el sector público.

 

El Ministerio de Salud, desde su departamento de fiscalización sanitaria, es quien habilita esos lugares y es el Ministerio de Trabajo quien debería inspeccionar las condiciones laborales, pero en un contexto de achicamiento estatal e instituciones gubernamentales que no cumplen con su finalidad, se hace muy difícil que este verdadero fenómeno se pueda limitar.

 

Hay un caudal importante de estos pseudo “médicos” que, en caso de ser extranjeros, ingresan al país y al no regularizar su situación profesional, ejercen sin matrícula habilitante y se exponen a esta forma de trabajo esclavo, generando  dumping laboral, cuestión que conlleva a la precarización de los salarios. Desde las entidades médicas creemos que esta forma de ingreso es favorecida por algún tipo de organización, ya que al ingresar cuenta con matrículas y documentación apócrifas, y en algunos casos los inspeccionados que son cotejados en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) no solo no coinciden con sus datos sino que a veces corresponden a datos de colegas incluso de otro género. En otros casos corresponden a colegas fallecidos o jubilados.

 

Desde AMRA instamos a las autoridades centrales a que cumplan con sus objetivos institucionales haciendo aplicar a los centros asistenciales las normativas legales vigentes, desde la fiscalización sanitaria hasta los seguimientos necesarios a los directores de los establecimientos. Por otra parte, pedimos la aprobación del convenio que está revisión para realizar inspecciones conjuntas desde el Ministerio de Trabajo y de Salud a fin de no seguir exponiendo a la población a esta grave situación de la salud pública.