Audio de Julián Amado en UrbanaBA

A la altura del teatro Colón, en la zona de Tribunales, el centro porteño es un caos por una marcha de taxistas que se manifiestan en contra de Uber y de la Justicia, a la que señalan por ampararlo y no exigir el bloqueo de la aplicación. La calle Cerrito está cortada, Viamonte también, en la avenida 9 de Julio hay solo tres carriles liberados mano a Constitución y en los alrededores cientos de vehículos están estacionados en doble y triple fila.

Varios choferes con camperas de la Federación Nacional de Peones de Taxi conducida por Omar Viviani y otros manifestantes con banderas de la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro, de la Asociación de Taxistas de Capital (ATC) y de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT) aguardan bajo el frío de julio al tiempo que tiran petardos, golpean bombos, platillos, redoblantes, hacen sonar trompetas y corean cánticos para escrachar a la red de transporte privado: «Uber compadre, la c…».

A su lado, en la protesta, también está Luis Fernández, presidente de la Asociación Taxis Capital, quien reclama lo que reclama Ernesto: «Vamos a presentar un escrito al tribunal para rechazar el fallo. Además, planeamos que una delegación entre al tribunal para ver si podemos discutir con alguien. No queremos que pase sin pena ni gloria un fallo que perjudica el transporte regulado de la Ciudad».

Otro de los manifestantes es Juan Pablo Pérez, peón de taxi, quien sostiene una bandera que dice «Parada Callao y Santa Fe». La suya es una en un mar de telas amarillas y negras. «Uber nos está quitando trabajo. Yo entiendo la necesidad del pasajero pero hay que hacer las cosas bien y Uber no paga nada», dice y advierte que la cantidad de trabajo mermó, que así las cosas nunca podrá ser dueño de un taxi. «Trabajo 16 horas y me llevo 500 pesos. Antes los fines de semana podía hacer 1500, pero ahora bajó mucho».

Los taxistas reclaman que Uber deje de funcionar en la Ciudad. Entienden que la plataforma, que está activa en Buenos Aires desde abril de 2016 de forma ilegal, pone en peligro sus puestos de trabajo, que en la Ciudad son cerca de 50 mil.