La primera en reaccionar fue la UBA. La universidad con mayor cantidad de egresados anuales publicó una resolución en octubre del 2017 en contra de que la Justicia se pronuncie a favor de la ley provincial 10606 que regula el ejercicio de las farmacias en favor de las grandes cadenas. Después, y como consecuencia del dictamen de la Procuración General de la Nación, el repudio escaló hasta el Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica (ECUAFyB). 

 

El pasado 24 de abril, y como nueva medida en la lucha contra el desembarco de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata suspendió las clases y llevó a cabo la jornada de «embate a la Ley 10606». La presidenta del COFA, María Isabel Reinoso dijo a LaNoticiaWeb: «La UNLP está en contra en contra de que se cambie el modelo sanitario de la ley 10606 dado que el problema, para aquellos que forman la comunidad académica de altos estudios profesionales, es que se degrade el ejercicio de la profesión«. Reinoso asegura que la amenaza más grande hoy es «que se mercantilice una profesión de la salud«.

 

Desde el CoFA y ECAUFyB afirman que, al cambiar el modelo sanitario de la ley 10606, se corre riesgo de, entre otras cosas, modificar la formación profesional en las universidades: «Los planes de estudio están dirigidos a formar profesionales de la salud y, con esta nueva ley, los alumnos que se reciban van a tener que hacer además carreras de marketing o administración de empresa», aseguraron a LaNoticiaWeb. Por último remarcaron que «a las universidades no les da lo mismo que las farmacias estén en manos de farmacéuticos que sociedades anónimas: los medicamentos tienen que ser bienes sociales de distribución racional».