Antes del 2016, cuando las boletas de los servicios públicos le representaban a los bonaerenses $20 o $30 mensuales, pocos intentaban entender los cargos fijos o variales y los impuestos que se desglosan en las facturas.

A medida que Cambiemos empezó a efectivizar los aumentos de estos dos años y medio, más es la cantidad de usuarios que intentan entender esas boletas llenas de cifras y valuables tan intendibles.

La mayoría tomó conocimiento en estas semanas que la cifra total de la boleta está compuesta, en una parte importante, por impuestos nacionales, provinciales y/o municipales.

Esta semana, la gobernadora María Eugenia Vidal se mostró como la «alumna preferida» de Mauricio Macri y primereó a todos: anunció que aliminará los tributos provinciales de la factura de luz. Eso representa aproximadamente un 15% del abono total.

Sin embargo, los funcionarios callaron y los medios casi ni se percataron, que ese impuesto tiene una historia de idas y vueltas en el corto plazo pasado.

Luego de los primeros anuncios de subas o cuando todavía no se habían efectivizado, dos concejales radicales de Pergamino, Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos, presentaron una medida cautelar para suspender los impuestos de la Provincia que ensanchan la boleta de la luz. Los ediles de la UCR explicaron que «el objeto/fin para el cual fueron implementados estos tributos a la fecha no resulta vigente, circunstancia ésta que hace a la irrazonabilidad de los mismos».

El 23 de mayo de 2016, un tribunal en lo Contencioso Administrativo de Pergamino hizo lugar y obligó a la provincia a abstenerse de cobrar los impuestos que surgen del Decreto Ley Provincial 7290 y del decreto ley 9038. La suspensía regía únicamente para Pergamino.

La Defensoría del Pueblo de la Provinvia, a cargo interinamente en ese momento por Marcelo Honores, tomó el guante y pidió a la Justicia extender los efectos del fallo a toda la Provinvia, para el millón y medio de usuarios de Edelap, Edea, Eden y Edes y otras cooperativas del interior. Lograron el objetivo y se suspendió el tributo.

Sin embargo, el gobierno de Vidal apeló. Obtuvo sentencia favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de noviembre y una ratificación de esa decisión en la Suprema Corte provincial.

Este último fallo fue a fines del 2017, por lo que el impuesto se volvió a cobrar en 2018. Ahora el gobierno de Vidal anunció que le pondrá fin al tributo provincial.