A fines del 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal impulsó, junto al Presupuesto 2018 y la Ley Impositiva, el debate por el Pacto Fiscal. En la Legislatura se aprobó sin sobresaltos y contó con apoyo de algunos legisladores que responden a intendentes peronistas. Ese acuerdo establece un sistema de premios para aquellos jefes comunales que cumplan metas específicas.

La normativa busca que los municipios alcancen “metas”financieras que tienen que ver con el uso responsable de los fondos de los que disponen. Una especia de ajuste encubierto a cambio de ayuda de Nación y de Provincia. Eso sí: solamente regirá el pacto fiscal en aquellos distritos cuyos intendentes adhieran. Y, claro, la ayuda de arriba solo bajaría para los adherentes.

Hasta ahora firmaron esa adhesión 53 intendentes. Solamente 10 son peronistas: Patricio Mussi, de Berazategui, Néstor Álvarez, de Guaminí; Roberto Álvarez, de Tres Lomas; Mario Ishii, de José C. Paz; Hugo Corvatta, de Saavedra; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Walter Festa, de Moreno; Hernán Y Zurieta, de Punta Indio; Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen y Marcos Pisano, de Bolívar.

Uno de los que anunció que no adherirá en esos términos es Gabriel Katopodis, de San Martín. “(El Pacto Fiscal) no prevé ninguna mejora real para los municipios ni incentivo positivo. Sólo condicionamientos a la autonomía municipal”. “Los intendentes que administramos con seriedad necesitamos colaboración nacional y provincial. No deberíamos ser perjudicados por nuestras posiciones políticas. Queremos que distribuyan con equidad los nuevos recursos”, agregó.

Según el equipo técnico de San Martín, el pacto fiscal “impone condicionamientos” en cuestiones tributarias, del personal (como por ejemplo, límites para crear o mejorar servicios o lograr mayor profesionalización) y en el acceso a créditos o en el leasing. “Es totalmente arbitrario, independientemente de tu situación financiera”, afirmaron.

Si el Municipio adhiere, consideraron, “dependés de que Provincia te gire la plata como hasta ahora”, pero sumando la novedad de que la comuna no puede arreglarse con independencia porque “está el tope de la inflación que ellos mismos estiman”. Según el pacto fiscal, el gasto en el Presupuesto no puede crecer más que la inflación. “De esta manera, solo ellos te pueden autorizar a crecer más allá del índice del INDEC”, opinan.

Desde el katopodismo consideran que el Pacto Fiscal debió haberse discutido entre Provincia y los distintos intendentes, no impuesto desde La Plata y que sean los intendentes los que deben adherir si es que quieren ayuda financiera de Nación y Provincia. “En el pacto de Nación con los gobernadores se habla de federalismo, pero en Provincia hay unitarismo. Centralizan las decisiones aún más en el gobierno provinciales”, afirmaron.

“Con el Pacto Fiscal intentan compatibilizar los sistemas tributarias de Municipio y de Provincia. En el distrito se aumenta, en promedio, un 20 por ciento las tasas, pero ellos aumentan hasta 900 por ciento el impuesto inmobiliario. Es difícil armonizar eso”, concluyeron.