Otra visión sobre la violación de Derechos Humanos en el país

30 noviembre, 2009

El kirchnerismo, gendarme de la memoria oficialista, dictamina que el terrorismo de estado comenzó en 1976, lo que implica olvidar que el secuestro y la tortura de opositores políticos adquirió perfección sistemática en los años 40. Para el autor de esta nota, personajes como Héctor Cámpora fueron cómplices de un terror denunciado por diputados como Arturo Illia. En julio de 1946, los trabajadores argentinos fueron golpeados en una de sus más caras aspiraciones. La vigencia de la represiva Ley de Residencia fue el presagio de una depuración gremial y persecución política, que para muchos nunca existió. Moisés Lebensohn explicaba que el fascismo que funcionó en la vieja Europa, con su propaganda, triunfaría en la Argentina.

Emilio Gibaja, ex militante de la FUBA, torturado en la comisaría de Boulogne en 1951

HISTORIA DE UN “VANDALISMO JURÍDICO” Y DIPUTADOS OBEDIENTES

Se inauguran las sesiones parlamentarias de 1946. La expectativa popular es inmensa. Por primera vez el Parlamento tiene una nutrida composición de legisladores obreros. La democracia, al parecer restituida, tiene una deuda con su base social trabajadora: la derogación de la ley 4.144, pedida en todos los actos obreros desde 1902. Es elocuente la conversión que sufren varios diputados –ahora “peronistas”, tras abandonar al Laborismo- desde que un problema es expuesto en el recinto hasta darle solución. Corre el mes de julio. Ya el laborismo sufre los asaltos policiales a sus locales políticos, donde se gestó el triunfo electoral de febrero. Desde el poder se lanzó un ucase para disolver a ese partido obrero por excelencia y formar una fuerza inspirada en el Fuhrer Prinzip, de jerarquía vertical y corte militar.

Mientras tanto, en la Cámara, se trata el proyecto para derogar la Ley de Residencia, usada para deportar a sindicales extranjeros. José Marotta, John Cooke y su bloque repudian a la “ley draconiana” y sus tremendas consecuencias para el movimiento sindical. Resulta impensable que representantes obreros la dejen vigente. Pero el día 17 de julio de 1946, luego de repudiarla, los peronistas votan por la vigencia de ese vandalismo jurídico contrario a la propia Constitución Nacional, con unos leves cambios que la creciente sujeción de la justicia no hará difícil burlar. La oposición radical está por votar la derogación total, cuando John Cooke, presidente de la comisión de asuntos, arroja un proyecto de tibia “modificación” de la ley maldita para aprobar entre gallos y medianoches.

La diferencia es que ahora la policía podrá cazar a los obreros inmigrantes que tengan “residencia menor de tres años”. Ironiza el diputado Rojas: “La fijación de este plazo de tres años es tan arbitraria que, según la comisión, el individuo cambia psicológicamente al año: cuando tiene dos años y 364 días es una persona, pero al día siguiente ya es otra persona”, agregando que “hasta el día anterior al plazo fijado el extranjero pierde todo derecho de protección”.

COOKE: “EXTRANJEROS INDESEABLES”

José Marotta afirmó: “En el Parlamento argentino jamás se han sentado más trabajadores… no puede ser más propicio el momento para satisfacer esa acariciada y vieja aspiración. Es un deber ineludible en homenaje a tantos luchadores obreros que fueron mártires…”. Luego, votó en contra de la derogación, que él mismo había proyectado.

“El genuflexismo no había encontrado hasta entonces su monumento más cabal y a la vez más repugnante”, diría Cipriano Reyes. Cooke justifica el pase a comisión y afirma: “La mayoría… estima que debe derogarse la ley 4.144, pero al mismo tiempo no puede ignorar que por un derecho de su soberanía, el Estado se encuentra autorizado para expulsar de su seno a los extranjeros indeseables”. Si era previsible la actitud de Cooke, hijo del alvearista Juan Cooke y miembro de la Junta Renovadora, alias “los recauchutados”, minoría cuyo “descarado fraude” interno fue denunciado hasta por Perón, la conducta del cervecero de Quilmes, Alcides Montiel, era más triste, ya que su banca fue un regalo del laborismo bonaerense, como se lo recordó el diputado Ernesto Cleve.

Montiel fue claro: “antes la ley nos sacrificaba a nosotros porque la manejaban ellos, ahora la ley la manejamos nosotros y no se debe temer arbitrariedades… La ley es como el cuchillo; no daña a quien lo maneja”. Redondeó: “no tenemos apuro por la derogación de la ley 4.144 porque tenemos fe en el gobierno, porque nosotros estamos en el gobierno”. Agregando: “No soy un obsecuente, soy un argentino”. A todo esto, el diputado Nerio Rojas ya había advertido: “Yo he asistido… a los discursos de los señores diputados oficialistas y he interpretado el drama psicológico que estaban viviendo y he visto más de una vez lo que cuesta ser oficialista cuando se tienen convicciones… Entre las convicciones que yo supongo que tienen… prefieren ser primero oficialistas, aunque eso signifique estar en contra de sus convicciones.”

“LAS IDEAS NO SE DEGÜELLAN”

El diputado Cipriano Reyes, en nombre del laborismo, expresó: “Esta ley llenó de desesperación a la clase trabajadora. Desde hace 44 años, las organizaciones obreras del país, cualquiera que fuera la ideología que profesaran, han venido luchando por la derogación de la ley más infamante y que produce un estado de alergia en el espíritu humanista y argentino de nuestro pueblo… Podría repetir, con el genio sublime de Sarmiento: ‘¡Bárbaros, las ideas no se degüellan!’. Todavía en Santiago del Estero, La Rioja y el desierto verde de San Luis se está clamando y esperando que llegue esa justicia social que encarna el movimiento laborista y que va marchando por la evolución propia de los tiempos… Esta ley, por imperativo de la hora, dada la evolución social de nuestro pueblo, debe derogarse inmediatamente.”

Al repudiar la ley maldita, el sector del partido Único (es decir, de Perón) había reseñado sus consecuencias trágicas, con una pomposa fraseología en nombre de la clase trabajadora. En las horas decisivas, oscuras reuniones y órdenes terminantes los hacían votar en contra de sus “convicciones”, haciendo agónicos ejercicios dialécticos para justificar su dualidad. Expresaría Moisés Lebensohn en 1949: “La ley de residencia, sancionada por la oligarquía para reprimir al movimiento obrero, cuya derogación comprometieron los diputados gremialistas, no solamente queda, sino incorporada al texto constitucional… ¡Volveremos, volveremos a dictar la Constitución de los argentinos!”

¿QUIÉNES ESTÁN CONTRA LOS OBREROS?

Hay grandes ironías históricas olvidadas por muchos intelectuales. El célebre bloque radical de los 44, apoyó la derogación de la ley de residencia, y el ardoroso clamor de lucha de los obreros de la carne, mientras legisladores como Héctor Cámpora, el futuro “Tío” de los años setenta, y John Cooke, el “hombre del Che en la Argentina”, votaron en contra de los anhelos de la clase trabajadora en ambos fundamentales problemas. El radical Ernesto Sammartino, a quien muchos solo conocen por su frase del “aluvión zoológico”, apoyó ambas y otras luchas obreras, e incluso intentó derogar la ley de residencia en 1936. (1)

John Cooke explicaría: “Por ese entonces los diputados estábamos todavía encandilados con la figura de Perón y nadie se animaba a discutir sus instrucciones”. El peronismo usó la ley 4.144 para deportar sindicalistas europeos y paraguayos. El obrero Francisco Guerreiro Apolonio fue entregado al dictador portugués Oliveira Salazar.

Era el presagio de tiempos sombríos. Poco después, los trabajadores de los frigoríficos se congregaron frente al Congreso para exigir la sanción de su Estatuto y la nacionalización de las plantas, proyectada por el diputado Reyes y apoyada por Balbín. Valerio Rouggier, ex obrero de la planta Smithfield, fue preciso: “hoy está en juego el pan de 150 mil trabajadores”, que sostenían a medio millón de argentinos. Cipriano Reyes explicó: “Los obreros de la carne, más que cualesquiera otros del país, han sufrido el azote de la esclavitud. Por eso los tenemos a pocos pasos de aquí, reclamando sus derechos…”

El diputado Arturo Frondizi sentenció: “El sector de la Unión Cívica Radical está dispuesto a considerar ahora mismo, la expropiación de todos los frigoríficos extranjeros que existen en el país, entregando su explotación a productores y obreros”. La negativa era solo oficialista. Nuevamente el bloque de Cámpora, Cooke y compañía ofreció un puñal por la espalda a los autores del 17 de octubre de 1945, entregando su lucha a la “vendetta” de las empresas, y aprobando un “monumento al descamisado” a construir en la Plaza de Mayo. El Día reflejó que “una columna integrada por más de de 25.000 personas sobre la calle Rivadavia” combatió a garrotazos con la policía montada. La Prensa señaló que los obreros saludaron con “piedras, trozos de madera, baldosas, pedazos de hierro y rejillas de las bocas de agua, botellas llenas y vacías y toda clase de adminículos de loza, sillas y otros objetos”, la huida de los legisladores peronistas a sus autos, distinguibles con su chapa oficial.

Esa combativa formación obrera encabezada por Berisso y engrosada con miles de almas que sudaban en la vera del Riachuelo, en las barrancas del Paraná, en Entre Ríos y en la helada Patagonia, labrando el chilled y el corned beaf que quitó sus sueños a Lisandro de La Torre, enarbolaba el libre sindicalismo y la solidaridad social como valores permanentes. Los legisladores peronistas no podían fraguar una deslealtad más acabada, contra quienes, en plena crisis de octubre, ganaron la calle mientras Perón confesaba al coronel Mercante sus deseos de retirarse.

DE LA OBSECUENCIA AL TERROR

Días después de ese legendario combate en la Plaza Congreso, eran “borrados” de la luz pública los dirigentes de Berisso Juan López Ossornio y Jacinto Biscochea, motivando recursos de hábeas corpus de sus esposas, y el ejército emplazaba ametralladoras en las plantas Armour y Swift para detener la heroica huelga de la carne. El secuestro, claro, no fue una práctica extraña a la era Mercante. A fines de 1946, cuando la policía del gobernador lanzó los perros sobre la Universidad de La Plata, los jóvenes socialistas José Rosales, Juan Carlos Franco, Reinaldo García y el obrero gráfico Luis López Comendador, fueron desaparecidos, motivando más hábeas corpus. La policía negó tenerlos; luego reconoció que estaban convictos y confesos de delitos. El juez Jorge Bilbao comprobó que las “confesiones” y delaciones fueron producto de la capucha, la picana eléctrica, las patadas y los golpes, en estadías en el Departamento de Policía y en Avellaneda.

Los senadores radicales que vieron al jefe de Policía, Adolfo Marsillac, advirtieron que “las negativas de los paraderos de los desaparecidos llegaron a extremos inconcebibles”, como decir al padre de Franco que su hijo secuestrado “estaba de juerga con chicas”. Se amenazó a la prensa: quien difundiera los casos, sería acusado de “calumnias e injurias”. Pero la propia policía de Mercante hizo la autocrítica: pasó a disponibilidad a los acusados de torturadores, entre ellos a los agentes José Díaz y Abel Corti.

Argelia Reyes, cuyo padre Cipriano fue “borrado” de la luz pública hasta que su cuerpo torturado “se compusiera de todo lo que le habían hecho”, recuerda que “hubo desaparecidos en la época de Perón”. (2) Pero entonces se los llamaba personas “con paradero ignorado y situación procesal inexacta” en palabras del diputado Nudelman. En 1951, el estudiante Emilio Gibaja y su amigo Félix Luna fueron picaneados en la comisaría de Boulogne, solo por apoyar la huelga ferroviaria que Evita intentó detener. Gibaja conserva la carta que le escribió Manuel Amigo, el policía que lo torturó: “Soy el funcionario policial que tuvo la obligación de interrogarlo en 1951… Durante años me persiguió el insidioso recuerdo como una puñalada y aunque después supe que le habíamos curado el asma con el procedimiento electromecánico que le aplicamos entonces, nunca dejé de sentir un cruel remordimiento…”

Entre los muchos torturados por “actividades revolucionarias” durante la ola represiva de 1953, se cuenta Alfredo Estrabou, víctima de inenarrables tormentos, quien intentó suicidarse en la comisaría 3ª, desesperado por haber entregado a inocentes, obligado bajo el terror de la picana en los testículos, labios, etc. El oficial Cardoso le dijo que le hacía “una changa a Perón”. (3) También el detenido Aldo Lombardero intentó matarse: se cortó los tendones luego de que la policía peronista lo torturó hasta hacerlo entregar a personas inocentes y confesar delitos falsos. Su hermano Horacio fue secuestrado en Paraguay, violando la soberanía. El radical Roque Carranza también cayó preso, y un tal Jorge Osinde (luego famoso durante la matanza de Ezeiza) lo instó a hacer “una confesión amplia”. Fue atado con tiras de goma, golpeado, y “pinchado” en la garganta, dientes y orejas, por un aparato eléctrico, que también se le aplicó “en los testículos, pene y boca”. El torturador Cardoso le advirtió que se volviera “si

mpatizante del gobierno peronista”. Roque Carranza fue ministro de Alfonsín y una estación de subte lleva su nombre. Al igual que Gibaja, hizo memoria, pero no leña del árbol caído para victimizarse.

No se conocen reacciones de Héctor Cámpora o de John Cooke, figuras seductoras para cierta izquierda, ante estos hechos de espanto, que tomaron estado parlamentario en las valientes denuncias de diputados como Arturo Illia y Santiago Nudelman. Decía el laborista Manuel Fossa, dirigente obrero de San Martín y hombre del 17 de octubre, que la obsecuencia es peligrosa para todos los movimientos. Los actuales empleados del gobierno suelen acusar amnesia cuando se les menciona este origen histórico del terrorismo de estado.

(1) El diputado Ernesto Sammartino, del radicalismo, exclamó que "Algunos diputados que se sientan en los escaños de la mayoría conocen, como Panurgo, las cuarenta formas del hurto". Pronto Manuel Costa, un ex servidor del caudillo conservador Alberto Barceló, intentó asesinarlo en su estudio. "Evita lo envió para matarme, pero tomó tanto vino que le salió mal", festejó Sammartino. Y al tiempo pronunció una famosa frase, de la que solo se conoce una parte: "El aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado a algún diputado a su banca, para que desde ella maúlle a los astros por una dieta de 2.500 pesos. Que siga maullando, que a mí no me molesta..."

(2) Entrevista a Argelia Reyes.

(3) TELEGRAMA DE LA DEFENSA:

1º de julio 1953.

Presidente de la Nación General Juan Perón. Casa de Gobierno. Capital.

El día 30 de Mayo fue detenido el señor Alfredo Estrabou por personal Comisaría 3ª de esta Capital y sometido a terribles torturas que determinaron su tentativa de suicidio, según denuncia que he formulado con pruebas terminantes. Sin resultado hasta ahora el recurso de hábeas corpus y agotadas las instancias policiales, pongo el hecho en su conocimiento como defensor, tratando de salvar la vida de un inocente y establecer responsabilidades. Salúdale con la mayor consideración. Santiago I. Nudelman. Diputado de la Nación.

Al Presidente Nación Argentina General Juan Perón. Casa de Gobierno.

Agotadas las instancias policiales judiciales necesarias, denuncio carácter de defensor y diputado desaparición de Alfredo Estrabou después de terribles torturas en el local de la comisaría tercera esta Capital. Santiago I. Nudelman. Diputado de la Nación.

(Copia fiel. Telegrama del diputado Santiago Nudelman al presidente Perón).

Por Ariel Kocik

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