A días de que el Senado entre en la recta final del debate por la reforma laboral, los dueños de los principales medios de comunicación del país salieron a jugar en bloque. Lo hicieron con una nota enviada a legisladores para reclamar la derogación del Estatuto del Periodista, la norma que desde hace 80 años protege a los trabajadores de prensa y busca resguardar su tarea frente a presiones externas, pero también internas dentro de las propias empresas.

El documento pone el foco en tres puntos específicos del estatuto: la indemnización especial para periodistas, el período de prueba de un mes y el mínimo de colaboraciones a partir del cual un trabajador debe ser incorporado como personal permanente. La carta lleva la firma de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA).

El movimiento patronal se dio luego de una reunión realizada el miércoles pasado con la senadora —ahora libertaria— Patricia Bullrich, quien encabeza la estrategia parlamentaria del oficialismo en la Cámara alta, tal como adelantó en exclusiva este medio. En ese encuentro, Bullrich buscó consolidar respaldo editorial a la iniciativa de La Libertad Avanza y, a la vez, empujar uno de los reclamos históricos de grandes empresas mediáticas como Clarín y Perfil, entre otras: eliminar el estatuto.

En paralelo, ese mismo día, los sindicatos de prensa mantuvieron conversaciones con senadores radicales que habían prometido sostener la vigencia del Estatuto hasta que exista un eventual reemplazo. Sin embargo, en las últimas jornadas ese compromiso pareció debilitarse, pese a la prédica histórica de la UCR en defensa de la libertad de prensa.

La nota empresarial, alineada con el discurso del Gobierno, parte de la idea de que la única forma de ampliar el empleo registrado en el sector es flexibilizando aún más las relaciones laborales. Para sostener ese argumento, las entidades mencionan un supuesto estudio del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) —organización históricamente asociada a los intereses de Adepa— según el cual “cerca del 70% de los medios locales del país trabaja sin periodistas en relación de dependencia” y “se apoyan mayormente en colaboradores independientes o esquemas a comisión, con una precarización más aguda en la mitad de las provincias”.

En el mismo texto, los empresarios agregan: “El trabajo advierte que el modelo laboral tradicional se volvió económicamente inaccesible para gran parte del sector, en especial para redacciones pequeñas y medianas del interior, donde las rigideces contractuales, los costos de desvinculación y la activación automática de relaciones laborales tras un número limitado de colaboraciones funcionan como barreras objetivas para generar empleo formal, lo que empuja el trabajo profesional hacia modelos unipersonales, freelance o informales”. Se trata, en los hechos, de una adaptación sectorial del planteo que desplaza la responsabilidad de la informalidad desde los empleadores hacia los trabajadores, por “aferrarse” a normas protectorias.

Las empresas aseguran que su pedido no apunta a conservar “privilegios” sino a lograr “igualdad y reglas previsibles”, mediante la equiparación de los periodistas con el resto de los trabajadores incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). También sostienen que las garantías del Estatuto se superponen con normas constitucionales y tratados internacionales que protegen la libertad de prensa y de expresión.

Sin embargo, el escrito omite un punto central: la existencia de presiones ejercidas por el propio empleador sobre el trabajador de prensa, un problema que justamente busca desalentar la indemnización especial, pensada como freno ante despidos sin causa.

En otro tramo, las entidades mediáticas advierten sobre una supuesta “competencia desigual con las plataformas”. Plantean que disputan audiencias y publicidad con actores digitales que, según su mirada, operan “con obligaciones laborales asimétricas”. En ese sentido, remarcan: “Las plataformas monetizan contenidos periodísticos y no asumen vínculos laborales por publicación, periodicidad ni volumen; Los medios, en cambio, quedan obligados a encuadrar como empleado a un colaborador tras un número limitado de publicaciones y asumen costos sin topes y con períodos de prueba muy reducidos”.

Hasta la noche del martes, el futuro del Estatuto del Periodista seguía envuelto en incertidumbre. La circulación de distintas versiones del proyecto de reforma laboral alimentó especulaciones: desde una derogación directa, hasta un esquema que avance en esa dirección pero otorgue seis meses para renegociar un nuevo marco entre empresas y sindicatos.

También se mencionó una alternativa diferente: que el estatuto continúe vigente y se abra un plazo de 12 meses para rediscutirlo sin que, mientras tanto, desaparezca la indemnización especial, que suma cerca de diez sueldos a los previstos en la LCT para los despidos sin causa.