La iniciativa había sido anunciada días atrás por el intendente, Julio Garro, frente a la gran cantidad de cortes que se presentan habitualmente en el centro de la Ciudad y tras el protocolo en ese sentido que impulsó a nivel nacional la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ayer, la ordenanza para que la Ciudad cuente con su propio procedimiento frente a las manifestaciones públicas fue ingresada formalmente en el Concejo Deliberante por su presidente, Fernando Ponce, para ser tratada ni bien se inicien las sesiones ordinarias, a principios de abril.

Si bien -en caso de sancionarse la norma- las marchas deberán reportarse y consensuarse con las autoridades municipales, y ajustarse además a una serie de normas, Ponce insistió ayer que “el espíritu del proyecto de ninguna manera apunta a cercenar el derecho a manifestarse, sino a conciliarlo con el derecho del resto de los platenses a transitar”.

LOS CORTES, PROGRAMADOS

La iniciativa apunta a que los manifestantes avisen con antelación del corte que realizarán para que pueda realizarse una planificación del tránsito en la Ciudad, que incluirá vallados preventivos y la intervención de la subsecretaría de Control Ciudadano.

Pero, además, establece una serie de pautas a respetar, bajo la posibilidad de las sanciones establecidas para delitos cometidos en flagrancia, frente a hechos de violencia o atentados contra la propiedad, y la intervención de personal de las policías local y bonaerense y la fiscalía de turno.

Es decir, que si bien las manifestaciones seguirán incluyendo los cortes de tránsito, ahora deberán informar sobre cuándo, dónde y durante cuanto tiempo. “Si se aprueba el proyecto, los piquetes no podrán ser más intempestivos, ni tampoco de una permanencia con acampe con la que actualmente hay frente a la Gobernación, que lleva días”, explicó Ponce.

Y agregó: “No se castigará la manifestación, sino los posibles delitos que surjan como consecuencia”.

NI GOMAS NI PIROTECNIA

En tanto, entre las novedades que plantea el proyecto se encuentra la de la prohibición del uso de elementos que puedan representar dañar la integridad de las personas o los bienes que se encuentren en el lugar de la eventual protesta. Y menciona que no se podrá utilizar fuego, combustible, elementos inflamables o químicos ni pirotecnia.

En este sentido, establece el texto del proyecto, se procederá a la detención de quienes provoquen daños, con la inmediata intervención del juez o fiscal competente.

Además, otro artículo establece que se proceda a grabar con audio y video y fotografiar los operativos, a fin de ser evaluados por la Justicia en caso de ser requeridos.