Como parte de un plan general de seguridad, el Gobierno prepara una convocatoria a retirados de las fuerzas de seguridad para que vuelvan al servicio. La intención es, a partir del uso en tareas menores de personal hoy inactivo, contar rápido con un mayor volumen de efectivos operativos para consolidar uno de los puntos que la administración macrista considera central: el refuerzo de la frontera norte para potenciar la lucha contra el narcotráfico.

La provincia de Buenos Aires dio el primer paso en la convocatoria de policías retirados con el proyecto de emergencia de seguridad firmado por la gobernadora, María Eugenia Vidal, avalado por la legislatura bonaerense. La Casa Rosada impulsará una similar medida para abarcar a los retirados de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura.

En el caso nacional aún no se conoce si el llamado al servicio activo será voluntario, sobre la base de una propuesta económica para volver a vestir el uniforme, o compulsivo, situación que si bien está contemplada en las reglamentaciones de las fuerzas provoca, en general, problemas prácticos, como quedó en evidencia en similares convocatorias anteriores. En esas oportunidades -en especial, en Buenos Aires- muchos de los potenciales reincorporados presentaban certificados médicos para excusarse.

Más allá de la forma, un regreso masivo al servicio activo no es algo común en las fuerzas de seguridad federales. En 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde convocó a unos 2000 policías federales retirados, en un momento de fuertes convulsiones sociales y creciente inseguridad. Esa fue una de las pocas experiencias similares a nivel nacional.

Ahora se apunta especialmente al reingreso de gendarmes. El fin es liberar de los escuadrones con menos peso en el combate contra el narcotráfico a efectivos más jóvenes que puedan ser movilizados a zonas de mayor necesidad operativa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el resguardo de la frontera norte será una de las prioridades del Gobierno.

Así se los explicó la funcionaria a los ministros provinciales en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior. Dijo Bullrich en ese encuentro que se destinarán más agentes al operativo que hoy se denomina Escudo Norte.

La intención es reforzar esa región con personal y tecnología para frenar el ingreso de drogas. La administración de Macri tomó como bandera política la lucha contra el narcotráfico y estableció como línea de trabajo el bloqueo del paso de cocaína y marihuana desde Bolivia y Paraguay hacia los puntos de venta en la región central. De todas maneras, las rutas narcos cambiaron en los últimos años y en esa misma reunión del Consejo de Seguridad Interior se conoció que los vuelos ilegales llegan hasta La Pampa.

Agua, tierra y aire

La convocatoria de prefectos tiene que ver con la necesidad de controlar las rutas fluviales abiertas por los narcos, que en las informaciones de inteligencia criminal aparecen con mayor peso, incluso, que el transporte terrestre o aéreo de drogas.

En el caso de los retirados de la Policía Federal se apelará a un refuerzo inmediato en el proceso de reestructuración de la fuerza. Este mes se abrió la etapa de traspaso de casi 20.000 policías a la Ciudad con la transferencia de funciones de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Otros 27.000 agentes se mantienen dentro de su habitual organización.

En el momento de la convocatoria de retirados hecha por Duhalde la Federal tenía 31.706 uniformados. Ahora cuenta con más de 47.000.

El crecimiento de la Gendarmería fue incluso mayor desde la crisis de 2001, cuando apenas superaba los 18.000 gendarmes; en la actualidad el personal de esa fuerza sobrepasa los 37.000 y sostiene un ingreso anual de 2000 efectivos.

La Prefectura cuenta con algo menos de 20.000 efectivos -con una mayoría que no integra el escalafón de seguridad- y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ronda los 3000 agentes, con unidades pequeñas y en capacidad de ser asignadas a tareas ajenas a su función primaria en los aeropuertos.