El ministro de Justicia, Germán Garavano, justificó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que frenó la aplicación del nuevo Código Procesal Penal a partir del próximo 1 de marzo, al sostener que "era imposible" su puesta en marcha y advertir que "se quiso hacer de un día para el otro".

"Es una medida que anticipamos del primer momento. Hablamos con todos los actores del sector, todos eran coincidentes", explicó el funcionario, para quien "era imposible que el Código se empezara a implementar el 1 de marzo".

En declaraciones a radio Mitre, Garavano señaló que "el gobierno anterior intentó apurar procesos", ya que "quería poner en marcha un proceso que en otros países ha llevado entre seis y ocho años", por lo que cuestionó que "acá se quiso hacer de un día para el otro".