Se trata de la iniciativa que la gobernadora María Eugenia Vidal imploró que fuera aprobada, pero que no pudo ser tratada por falta de quórum en la Legislatura Bonaerense, luego de la fuga de General Alvear. Esa iniciativa cosechó  el rechazo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del CELS.

El proyecto –que Vidal envió a la Legislatura el 23 de diciembre pero que cobró relevancia el domingo luego de la fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Victor Schilaci- declara en su artículo 1º el estado de emergencia del SPB y del Sistema de Salud Penitenciaria, por un año, consignó Tiempo Argentino.

Entre sus argumentos, aduce que el aumento de la cantidad de presos subió en dos años de 30.712 a 35.166, lo que -afirma- produjo superpoblación en un sistema con "innegables carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales que afectan su normal y adecuado funcionamiento".

El proyecto dispone que los ministerios de Coordinación y Gestión Pública, de Infraestructura y Servicios Públicos, y de Economía, en conjunto y coordinados por el de Justicia, que conduce Carlos Mahiques, tomen "medidas de excepción" y habilita "a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios".

Además de habilitar el manejo de la caja con discrecionalidad y sumar fondos, otorga a Justicia facultades para la designación directa del personal, disponer bajas, reubicaciones y convocar a retirados. Crea una Comisión de Cooperación, Monitoreo y Seguimiento, comandada por esa cartera, e integradas por representantes legislativos, de la Suprema Corte y la Procuración.

Críticas

"La emergencia no resuelve los problemas de la política criminal: sólo profundiza las violaciones de Derechos Humanos", discrepó la CPM. El organismo pidió a los legisladores que "no aprueben pedidos de emergencia penitenciaria o policial, y que diseñen políticas serias y adecuadas que trabajen para terminar con las graves violaciones a los derechos, asumiendo que en la provincia lo que está en emergencia es la plena vigencia de los Derechos Humanos".

El CELS sostuvo que "muchas de las facultades que componen la declaración pueden profundizar u orientar la política en un sentido contrario a la protección de derechos". Y reclamó "una investigación seria y profunda de la fuga, se esclarezcan las complicidades y se detenga a los prófugos con vida".