Tal como se especulaba, el fiscal Gerardo Pollicita apeló este miércoles el fallo del juez federal Daniel Rafecas que había beneficiado a la presidente Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros. Pollicita había solicitado que se abra una investigación por la denuncia de supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA realizada por Alberto Nisman. Rafecas rechazó el pedido porque entendió que no se había consumado ningún delito. Ahora será la Cámara Federal la que deberá entender en la apelación.

En 35 carillas, la fiscalía replicó el fallo de Rafecas: "Estoy convencido de que en beneficio de los que aparecen mencionados en la denuncia del 14 de enero de 2015 y de los que bregan por justicia hace dos décadas, corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes con el fin mencionado".

Según Pollicita, la "ayuda" que se denuncia "habría consistido en la creación de una Comisión de la Verdad y en su ratificación en sede legislativa, en razón de su afectación directa sobre la jurisdicción del juez argentino y la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal".

Rafechas había desechado las pruebas al considerar que el Memorándum con Irán nunca se llevó a cabo, y tampoco la denominada comisión de la verdad. No obstante, el fiscal Pollicita señaló que "la circunstancia de que no se haya cumplido el objetivo que se habría perseguido a través del acuerdo no le impidió a Nisman afirmar que la ayuda, como aporte material, había sido prestada con la suscripción y ratificación de un instrumento internacional que importaba quitarle la jurisdicción al juez de la causa".

Pollicita se refirió a los dichos del ex titular de Interpol Ronald Noble, quien mediante una carta enviada al canciller, Héctor Timerman, hizo saber que éste "indicó que se debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del Gobierno argentino fueron consistentes y firmes". Y observó: "No desconoce esta parte la relevancia de lo supuestamente manifestado por Noble, pero lo cierto es que ello no fue adecuadamente corroborado por el magistrado interviniente".

"Otra cuestión controversial resulta el medio que utiliza el juez a quo para tener por confirmada la carta que presuntamente recibió en su correo electrónico el Canciller y con la cual entiende desvirtuada la ayuda que se habría prestado a los acusados iraníes", añadió.

En el escrito, Pollicita se refirió a la denominada cláusula séptima del Memorándum, que implicaba que una vez aprobado el mismo por ambos países, se debía comunicar a Interpol de la firma del mismo. "Resultaría conducente profundizar la pesquisa con miras a obtener un conocimiento acabado sobre la motivación que llevó a las partes a introducir la cláusula séptima y para lo cual sería de interés la producción de diligencias tendientes a obtener elementos de convicción, los cuales, analizados en su conjunto, permitirán conocer la intención que tuvieron con su proceder las personas denunciadas", aseguró.

Días antes de ser hallado muerto en su departamento del complejo Le Parc, Nisman había denunciado a la Presidente, a su canciller, al piquetero Luis D"Elía, al diputado Andrés Larroque y al militante de Quebracho Fernando Esteche por una presunta "confabulación criminal" para desviar la investigación por la voladura de la mutual judía y beneficiar así a los iraníes que están imputados en el expediente.

De acuerdo al dictamen de Nisman, el plan incluía el compromiso argentino de impulsar el memorándum con Irán a cambio de nuevos acuerdos comerciales a través de los cuales ingresarían dólares a las arcas debilitadas del Banco Central. El arreglo también preveía que la Argentina haría gestiones para que Interpol retire las circulares rojas que ordenan la detención internacional de los principales sospechosos del ataque.

Rafecas consideró que no se concretó ninguno de los puntos de este supuesto acuerdo y por lo tanto desestimó el requerimiento elevado por Pollicita porque no hubo principio de ejecución de ninguna conducta tipificada como delito. Esta línea de pensamiento es la que sostiene el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.