Señaló que “cuando se trató la ley de expropiación de YPF –en mayo de 2012- el Bloque Frente Peronista en su dictamen de minoría propuso la estatización de la empresa al 100%, sujeta a los organismos de control del Estado, oponiéndose a su privatización en un 51% como lo planteó el Gobierno”; y agregó que “esto dio lugar –por ejemplo- a acuerdos secretos con Chevron, con disposiciones que permiten a inversiones de más de 1000 millones de dólares la remisión de utilidades al exterior y la exportación de productos”.

Asimismo, surge del proyecto un problema vinculado con el “acarreo”, el cual “le imposibilita a las provincias –dueñas por derecho de los recursos- asociarse con inversores para explotar los mismos, mientras se lo permite a los privados”. Por otro lado, éstos “obtienen una renta por el solo hecho de tener permisos previos, lo que se traducirá en un gran negocio para Lázaro Báez –entre otros capitales amigos-, quien posee adjudicadas áreas de explotación desde hace unos seis años y a la fecha no ha realizado inversiones”.

Brown sintetizó que esta iniciativa sólo beneficia a “aquellos que ya se encuentran instalados en las distintas cuencas del país, particularmente en Vaca Muerta, realizando exploración y explotación convencional de recursos hidrocarburíferos. Con su sola promesa de inversión y solicitud de reconversión en “no convencional”, se hacen acreedores de los referidos plazos, sin importar si han realizado o no las inversiones originalmente comprometidas”. Y concluyó: “De convertir este proyecto en ley estaremos desperdiciando la oportunidad de establecer una verdadera política de Estado en materia de hidrocarburos, que contemple exploración, explotación y exportación.