La sesión, que en la víspera se anticipaba maratónica, comenzó a las 13 con una nueva polémica debido la presencia de Amado Boudou, que en condición de vicepresidente ejerce la conducción del Senado. El arco opositor volvió a protestar por la presencia del funcionario y reclamó que se aparte del cargo en tanto no solucione su situación judicial.

Aunque señaló que la UCR esta vez no se retiraría del recinto por los temas a considerar, el senador Gerardo Morales insistió en que el vicepresidente debe ser apartado del Senado por los dos procesamientos. "Su presencia daña la imagen institucional del país", enfatizó el senador.

Así, el Senado comenzó a vivir un "supermiércoles", como hace tiempo no lo tenía. A instancias del Ejecutivo, el pleno de la Cámara alta realiza una sesión especial para tratar cinco proyectos, dos de ellos claves para la gestión económica: el que cambia el lugar de pago de la deuda externa y el que actualiza la Ley de Abastecimiento.

Deuda y holdouts

En la iniciativa referida a la deuda, que cuenta con 14 artículos, se declara de "interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010" y se establece el cambio de sede para el pago a los tenedores de bonos de la deuda pública argentina, con el objeto de también abrir las condiciones para el pago a los bonistas que no ingresaron a ambos canjes. En ese sentido, y ante la imposibilidad de que el Banco de Nueva York Mellon pueda pagar a los bonistas que aceptaron el canje como consecuencia del fallo del juez norteamericano Thomas Griesa de impedirle hacer efectiva la cancelación de los bonos, la norma dispone la apertura de un fideicomiso en la República Argentina a través de la entidad bancaria Nación Fiduciaria.

En su carácter de miembro informante de la iniciativa, Aníbal Fernández defendió la propuesta oficial y anunció tres modificaciones: que en el artículo 7 de la iniciativa se incorporó a Francia como alternativa de pago de los bonos surgidos de los canjes 2005 y 2010, sumándose a la original que es Buenos Aires; que en el artículo 12 se añadió la creación de la "Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Origen y el Pago de la Deuda Externa", y como tercer punto indicó que se agregó en el artículo 14 la eximición del pago de impuestos a los fondos que serán depositados en las cuentas de Nación Fideicomiso para el pago de los servicios de deuda.

El ex jefe de Gabinete advirtió, además, a sus pares que no votar la ley es "acompañar la gestión de (el juez de Nueva York Thomas) Griesa". Y sostuvo que "el plan de los buitres es atacar la moneda, al gobierno, bloquear pagos, entorpecer el crédito internacional y esperar que el nuevo gobierno les pague. Incluso tienen algunos candidatos que se muestran desembozados con esa posibilidad".

Las palabras de Fernández no lograron torcer el férreo rechazo que había anticipado la oposición. Uno de los más enfáticos fue Fernando "Pino" Solanas (Unen), quien marcó hoy una "contradicción" en el Gobierno por la presentación de un proyecto para "recuperar" la jurisdicción argentina en el pago de la deuda, mientras que por otra parte firma contratos con empresas estadounidenses y con el gobierno de China cediendo su legislación.

Solanas consideró que la resolución "no está en manos argentinas, sino en manos de los bonistas que acepten la jurisdicción argentina, algo que es de alta improbabilidad". No obstante, el senador porteño calificó como "un mamarracho" el fallo del magistrado estadounidense, pero al mismo tiempo fustigó al Ejecutivo nacional por no haber enfrentado sus consecuencias cuando se produjo en 2011.

En tanto, la radical Laura Montero calificó como "inadmisible" el proyecto. "Ahora que estamos con la soga al cuello quieren soluciones mágicas", afirmó. "No podemos entender cómo nos han llevado a esta situación y ahora vienen a tratar de responsabilizarnos de ese proceso y a pedir soluciones mágicas para este brete en el que se han metido irresponsablemente", remarcó.

Montero consideró que "no soluciona nada" la iniciativa que presentó el Gobierno para que París y Buenos Aires sean las nuevas sedes donde los bonistas reestructurados podrán cobrar ante la imposibilidad de hacerlo en Nueva York. "A nuestro criterio no soluciona absolutamente nada, a lo sumo puede pretender buscar tiempo, dilatar la situación, pero creo que podría haber habido otros mecanismos para llegar hasta enero y establecer un proceso un poco más razonable de esta situación complicada", detalló.

El titular de la UCR, Ernesto Sanz, sostuvo que las propuestas incluidas en la ley pueden establecerse por decreto. "Esta ley pretende remover al agente fiduciario, pero cuando se lo puso al BONY se lo puso por un decreto que firmó Néstor Kirchner. Entonces no hace falta una ley para esto porque el que más puede menos puede y por tanto se puede hacer por decreto", sostuvo.

Otros que cuestionaron el proyecto fueron los senadores vinculados al massismo, Juan Carlos Basualdo (Compromiso Federal-San Juan) y Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño-Salta) "No es Patria o buitres, es empleo o desempleo. Hay miles de familias cuyos empleos están en riesgo, y debemos llevarles tranquilidad con medidas que impulsen producción y empleo, no con este tipo de proyectos que generan más incertidumbre, espantan inversiones, y generan más recesión", sentenció el segundo.

Abstecimiento y consumidor

Terminada esa discusión, que se timaba que se preolongaría por al menos ocho horas, será el turno de las leyes de consumo y abastecimiento. Esta última es la que generó mayor controversia y por ello el oficialismo aplicó varios cambios en el plenario de comisiones que apuntan a suavizar la imputada discrecionalidad del Ejecutivo y eludir la atribuida inconstitucionalidad de la versión original.

Uno de los proyectos establece un nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo y crea un fuero específico para atender este tipo de asuntos, otro que crea un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor) y la reforma de la Ley de Abastecimiento que implica una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo.

También en esos puntos se espera un arduo debate. De todos modos, el oficialismo confía en hacer valer su mayoría para dar media sanción a cada una de las medidas requeridas por la Casa Rosada.