El diagnóstico de los especialistas combina factores coyunturales, como los conflictos policiales irresueltos y la transición política, con otros estructurales, como desigualdad y suba de precios

Ante la sucesión de conflictos, suscitados por las protestas salariales de las policías provinciales y los reiterados saqueos en diversas provincias del país, diversos especialistas dialogaron con el matutino La Nación sobre la situación actual y el clima social en el país.

Uno de los consultados, Agustín Salvia, investigador jefe del Instituto Gino Germani de la UBA y del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, observó estas manifestaciones desde una visión temporalmente más amplia y habló de un "deterioro en las oportunidades de inclusión social que generó la política económica de la dictadura y que 30 años de democracia no hicieron más que agudizar".

Según explicó, a partir de la “la exclusión social creciente", se dio lugar a la conformación a una población que definió como «sobrante» para “el sistema que emplea el saqueo como un mecanismo no racional de resarcimiento efectivo frente a la marginalidad impuesta y la desigualdad creciente".

Ante este panorama, Salvia habló de “detonantes”, entre los que mencionó "la inestabilidad económica, la debilidad de la autoridad y el enrarecimiento de las normas jurídicas y de las relaciones político-institucionales".

Igualmente, dejó en claro la existencia del "factor estacional". "La época del año está asociada a premios y regalos, y eso también aporta lo suyo", advirtió.

En la misma línea, la socióloga Liliana De Riz también habló de “detonantes” y explicó: “Una de las claves es el proceso inflacionario, que se siente con más fuerza que hace un año y sigue erosionando el poder adquisitivo. En los saqueos y en los intentos de saqueo, aparece la furia con el dinero que no alcanza".

En tanto, tomó a la problemática del narcotráfico como otro elemento central y, además, "nuevo" en el contexto actual. Por eso, advirtió: "Nada de lo que pasó en los últimos días puede separarse del fenómeno del narcotráfico, que tiene una enorme capacidad de desestabilización social. El narcotráfico está instalado en la Argentina, y, en la medida en que se afianza, la violencia adquiere formas nuevas y muchísimo más crueles"

En cuanto a lo político, la académica completó: "Impacta también el proceso de transición. En nuestro país, cada fin de ciclo produce un retorno cíclico a la furia unida a la frustración", describió. Y cerró: "El descontento tiene posibilidad de explotar si alguien prende la mecha. No importa quién. Lo que importa es la intensidad del caldo de cultivo. Caldo de cultivo hay e intensidad también".

El economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) Jorge Colina, otro de los consultados por La Nación, centró su atención en las arcas provinciales y en lo que definió como "la red clientelar". Para Colina, diciembre se trata de “un mes fiscalmente complicado”, debido al pago de aginados en las provincias y, vinculado a esto, los atrasos en las coberturas de planes sociales.

Según aseveró, tras advertir que pueden repetirse los hechos de 2012 y hablar de “episodios armados”, “la red clientelar aprovecha esa circunstancia para propiciar saqueos" Y, en comparación con la situación del país un año atrás, Colina detalló "el aumento de la inflación y el estancamiento de la creación de empleo", como dos elementos a tener en cuenta.

Ya en un terreno todavía más político, Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), se refirió al vínculo entre el Estado nacional y las provincias, y a puntó: "El problema de fondo es la plata que las provincias resignan porque no se coparticipa, como la del impuesto al cheque, los derechos de exportación y el financiamiento de la seguridad social”.

“Eso restringe la capacidad de gasto de las provincias y las obliga a aumentar la presión impositiva. El resultado es una distorsión que impacta directo en el bolsillo", explicó a La Nación.

Según ejemplificó, la provincia de Córdoba este año resignará 9300 millones de pesos."El estrangulamiento a las provincias es una cuestión estructural que se suma a la coyuntura y que afecta, sobre todo, a las provincias que no son amigas", cerró en diálogo con La Nación.