Desde junio pasado hasta hoy, el vicepresidente Amado Boudou mantuvo la esperanza: quería que la Justicia hiriera de muerte la investigación del modo en que una ignota empresa sin antecedentes se quedó con la Ciccone Calcográfica, la máquina de hacer billetes. Esa empresa fue regenteada por Alejandro Vandenbroele, un abogado sin recursos financieros, pero conocido del mejor amigo de Boudou y exitoso empresario en los últimos años: José María Núñez Carmona.

Boudou niega conocer a Vandenbroele. A pesar de ello el abogado vivió en un departamento que el vice tiene en el edificio Madero Center del lujoso barrio de Puerto Madero. Vandenbroele pagaba el cable, el servicio de internet, el teléfono y pedía delivery de comidas. Incluso su hermano pasó a visitarlo por allí. Pero insisten en que no se conocía con Boudou. La excusa es que el vicepresidente le alquiló el departamento a un amigo de Vandenbroele quien no ha estado en la Argentina en los últimos años. El contrato no apareció jamás.

Laura Muñoz, declaró ante los medios -en pleno trámite de divorcio- que Vandenbroele, padre de su hija, trabajaba para Boudou. A partir de allí se hicieron dos denuncias que se transformaron en la investigación en la que el vice está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo acusa de, cuando era ministro de Economía, haberse interesado ante la AFIP para que la empresa The Old Fund recibiera un plan de facilidades de pago de la deuda impositiva que tenía Ciccone.

Boudou y Vandenbroele quisieron anular el testimonio de Muñoz y con ello cuestionar la validez de toda la investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo. Primero fue Lijo y luego la Sala I de la Cámara Federal los que convalidaron las pruebas. Pero esta vez Vandenbroele fue en queja ante la Casación. En junio pasado los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos abrieron la posibilidad de revisar el caso y decidir. El tercer juez Juan Geminiani rechazó directamente el recurso.

El fiscal de Casación Javier de Luca dictaminó el 30 de agosto pasado en contra de los deseos del dúo Boudou- Vandenbroele. Respetado en el ambiente penal e integrante del colectivo judicial kirchnerista "Justicia legítima", De Luca consideró que era válida la declaración de Muñoz y lo que se había hecho en consecuencia. El fiscal sostuvo que el Caso Ciccone era conocido antes de la declaración de Muñoz.

A partir del dictamen de De Luca comenzaron a correr los plazos para que los jueces resolvieran. El primero en votar fue el juez Hornos quien votó en contra de la nulidad. El segundo fue Geminiani y el tercero fue Borinsky, quien hizo un desmenuzado análisis de las pruebas que existen en el expediente. Los tres votaron por el rechazo del planteo de la nulidad. Entonces validaron el testimonio de Muñoz, que había señalado que Vandenbroele hacía negocios para Boudou, el allanamiento que se hizo en la casa de la mujer y el inicio de la causa. En aquel allanamiento del años 2012 la Justicia incautó dos computadoras, una era la que usaba Vandenbroele. A partir de la validación de las pruebas, el juez Lijo podrá abrir los discos rígidos de las computadoras y ver si allí hay información importante para determinar o desestimar que la compra de Ciccone fue un negocio de Boudou y su círculo de amigos y conocidos.