Aplicar picana eléctrica, aplastar los nudillos, palazos y balazos son algunos de los métodos de tortura que se les atribuyen a los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense, según las denuncias recopiladas en la provincia de Buenos Aires. La situación es tan alarmante como aquello que advierten las estadísticas: la violencia va en aumento.

La provincia de Buenos Aires aloja a la mitad de los presos del país: un total de 30 mil sobre 60 mil internos. En 2012, según cifras que se harán públicas a fines de noviembre, dentro de sus muros hubo 11.500 casos de tortura y maltrato a los que están encerrados, ejercidos por agentes del servicio. La información fue brindada a este diario por la Comisión por la Memoria provincial, que inspecciona las unidades penales recogiendo los testimonios de los internos. Pero el dato más llamativo de los aportados por la comisión es que se registró casi el 28% más de torturas y malos tratos a los presos si se lo compara con el año anterior, cuando hubo 9 mil casos.

Alicia Romero, a cargo de las inspecciones de la Comisión por la Memoria, advirtió que la violencia institucional recrudece año tras año por la falta de una voluntad política para frenarla. “Los agentes se amoldan a la política de seguridad existente, de mano dura o mano blanda, pero hay un problema estructural de desborde de violencia dentro de las cárceles que nadie quiere combatir”, explicó Romero a PERFIL.

Dentro de la Comisión por la Memoria funciona el Comité contra la Tortura, que viene denunciando desde hace una década la variedad de métodos “implementados en las cárceles: el submarino seco o húmedo (como ocurría en la dictadura), la picana eléctrica, los palazos con bastones de madera o goma maciza, las golpizas reiteradas, las duchas o manguerazos de agua helada y el aislamiento como castigo”, grafica el último informe del comité.

En diciembre de 2007, uno de los titulares de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, le dijo a PERFIL que las cárceles eran depósitos de carne humana. Y esta semana, el procurador de Violencia Institucional, Abel Córdoba, hizo un diagnóstico similar. “Estamos ante una situación de emergencia humanitaria”, indicó.

“Les hacen, por ejemplo, el barquito, que consiste en atarlos de pies y manos y tirarlos a una pileta. Pero también hay abusos sexuales, secuestros dentro de las propias unidades. Es necesario un abordaje inmediato de este tema para evitar que siga la escalada”, afirmó Córdoba.

La Procuraduría de Violencia Institucional se encarga de inspeccionar las cárceles de todo el país. Los problemas más graves están en las unidades penales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Es común la aparición de suicidios de internos que habían denunciado anteriormente a agentes del Servicio Penitenciario. En la comisión sospechan que no se tratan de suicidios sino de asesinatos.

Fuente: Diario Perfil.