Por Francisco Stefanoff

De un lado, acusan autoritarismo y hasta provocación por parte del intendente Gabriel Katopodis. Del otro, replican que no hay ningún tipo de asidero en las reiteradas denuncias, a las que asocian con los magros resultados electorales de la oposición. Así de embarrado está el panorama político de San Martín entre ivoskistas y katopodistas, en el marco de la inusual paralización del Concejo Deliberante local, que a todo esto acumula más de dos meses sin sesionar.

El eje de la discusión está puesto en el polémico decreto del jefe comunal, quien el pasado 2 de agosto, insatisfecho con el cambio de autoridades en el cuerpo, resolvió  suspender todo trámite proveniente del Concejo Deliberante. En aquella presentación se basó el ivoskismo para denunciarlo, invocando al artículo 248 del Código Penal, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público”, en lo que –consideraron- era un avasallamiento sobre el poder legislativo y el judicial.

Aquel decreto de Katopodis determinó, entonces, que entraran en un “limbo” administrativo todo tipo de expedientes, como pagos de sueldos a empleados, abonos a proveedores y diversas ordenanzas en beneficio del municipio, entre otros ítems que fueron enumerados días atrás por los concejales de Honestidad y Trabajo en su conferencia de prensa.

Lo que vino días después, el 12 de agosto, fue la resolución de la Suprema Corte, que dejó en claro que aquella presentación de la intendencia no tenía justificación y que todo debía seguir con total normalidad, es decir, con el Concejo en manos de la oposición. Y ahí, innumerables sesiones suspendidas mediante, comenzaron los pases de factura entre ambos sectores, que nunca alcanzaron un acuerdo para que todo vuelva a la normalidad.

Pese a que se produjeron algunos movimientos en comisiones con mayoría opositora en las últimas semanas, lo cierto es que jamás se consiguieron las 13 manos que permitan dar comienzo a una sesión ordinaria. Pero ése no es el punto, tal como le explicó Diego Dieguez Ontiveros, abogado patrocinante de la denuncia contra Katopodis, a este portal. “Son dos cosas diferentes”, sintetizó el letrado, quien afirmó que el hecho de no bajar al recinto “es algo constitucional”.

“Estamos hablando de un cercenamiento más sutil, a las funciones administrativas. Es atacar la esencia del control porque, obviamente, si yo freno que vengan los informes, estoy frenando al órgano que me controla, que es el legislativo”, cuestionó Dieguez, quien además ilustró la situación con el caso de Juan Viganó, secretario general del cuerpo, quien tiene retenidos sus haberes ante la irregular situación.

Del bando oficialista, en tanto, salió el propio jefe comunal a responder los cuestionamientos y aclaró que están “funcionando con plenos poderes, tanto el Concejo Deliberante como los distintos órganos del Municipio”. El jefe comunal además negó de plano que aquel decreto del 2 de agosto aun continúe vigente y por eso remarcó: “Hoy está garantizado plenamente el funcionamiento con absoluta autonomía de todos los poderes del municipio”

Como contraataque a la denuncia ivoskista, desde el oficialismo recordaron que en aquella presentación, Katopodis y Diego Perrella, ex titular del cuerpo, incluyeron una “cláusula gatillo” que daba fin a la suspensión del HCD cuando se expidiera la Suprema Corte. “Hay cierta desesperación electoral de algunos sectores que quieren resolver en lo judicial lo que no lograron electoralmente”, declaró con picardía el intendente, buscando cerrar la discusión.

En medio de vericuetos legales, pero con fuertes acusaciones en el medio, oficialismo y oposición de San Martín libraron en la última semana una batalla más, que seguramente continuará, tal vez en la Justicia, durante los próximos días.