La mayoría de los candidatos en las elecciones 2011 considera que debe despenalizarse la tenencia de drogas para consumo personal y también el autocultivo. Además, para gran parte de los políticos encuestados no existe una relación directa entre consumo de drogas y delincuencia, de acuerdo con el informe “Las políticas de drogas en la agenda de los candidatos”, realizado por la organización civil Intercambios. Las conclusiones del trabajo fueron presentadas en la novena edición de la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que se llevó a cabo este martes 5 de julio en el edificio Anexo del Congreso.

Existen diversos proyectos para modificar la Ley de Estupefacientes. En este contexto, la reforma por la despenalización fue respaldada por los candidatos Ricardo Alfonsín (UCR), Aníbal Fernández (Frente para la Victoria), Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos), Jorge Altamira (Frente de Izquierda), Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular), Victoria Donda (Proyecto Sur), Margarita Stolbizer (GEN-Frente Amplio Progresista) y Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro). Por su parte, Elisa Carrió (Coalición Cívica), Ricardo López Murphy (Partido Autonomista) y Eduardo Duhalde (Unión Popular) rechazaron la reforma.

La encuesta también indagó sobre la relación entre drogas e inseguridad. La mayoría de los candidatos, desde Nuevo Encuentro hasta el Partido Autonomista, respondió que no existe una relación directa entre consumo y delincuencia. Algunos, por ejemplo Stolbizer, manifestaron que la droga está vinculada con otro tipo de inseguridad representada por el narcotráfico, el crimen organizado, las zonas liberadas, redes de encubrimiento y la corrupción de las fuerzas de seguridad.

Una tercera pregunta apuntó a los actores del tráfico, las Fuerzas Armadas y los debates sobre la ley de derribo. En este punto, hubo distintas posturas: Alfonsín, Fernández y Elisa Carrió se mostraron a favor de reducir las penas a las mulas, pero para López Murphy no debe haber distinción. Los candidatos rechazaron de forma unánime la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico, y las respuestas sobre la ley de derribo apuntaron a la necesidad de un análisis cuidadoso y a la radarización del territorio. En otra instancia, la organización también preguntó por los tratamientos y reducción de daños.

La cuarta y última conclusión refiere a la atención de los usuarios de drogas. Hace falta cumplir la Ley de Salud Mental y sumar estrategias de reducción de daños. A partir de reconocer que muchas personas no pueden o no quieren suspender su consumo, las estrategias de reducción de daños no imponen que se abandone el consumo, sino que promueven el autocuidado y el acercamiento progresivo a los servicios de salud por parte de las personas que usan drogas. Ricardo Alfonsín, Aníbal Fernández, Claudio Lozano, Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Martín Sabbatella, Elisa Carrió y Silvana Giúdici se pronunciaron explícitamente a favor de incluir esta estrategia en las políticas de salud.

Los resultados completos de la encuesta, enviada a 26 figuras políticas, de las cuales respondieron solamente 12, formaron parte de la conferencia que se realizó en el auditorio del edificio anexo del Congreso, ubicado en Rivadavia 1853. El evento tuvo mesas redondas, paneles y conferencias, entre ellas, una exposición de Aníbal Fernández sobre política de drogas.

DETALLES DEL INFORME

Respecto al Punto 1, la Despenalización de la tenencia y el cultivo para consumo personal, Ricardo Alfonsín opinó que “prohibir la tenencia de estupefacientes no termina con el consumo, ni resuelve el problema del adicto. La Corte Suprema retomó hace poco en el fallo Arriola la senda correcta en este tema”. Martín Sabbatella cree que “se debe avanzar tanto en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal como en la despenalización del autocultivo cuando su destino es, inequívocamente, el consumo personal”.

Victoria Donda dijo: “Proponemos eliminar además la figura de la tenencia simple, porque hoy es la que más se aplica a los tenedores de drogas. Si eliminamos esta figura del código penal, al no poder detener libremente a los consumidores, la policía si o sí va a tener que dedicarse a combatir el narcotráfico”. Por su parte, Elisa Carrió cree que “hoy no están dadas las condiciones para avanzar con la despenalización de la tenencia de drogas para consumo ni cultivo personal. Primero el Estado debe ser capaz de dar una respuesta adecuada desde el sistema de salud, que garantice tanto la prevención como el tratamiento, así como desde el sistema de seguridad para evitar un aumento del narcotráfico”.

Sobre el Punto 2, la Relación entre drogas e inseguridad, Alfonsín dijo: “El abordaje penal de gran parte de la problemática ha contribuido a la estigmatización y caracterización de los consumidores como delincuentes”. Martín Sabbatella opinó: “Es la propia criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal la que ha reforzado el estereotipo de peligrosidad de los usuarios de drogas. Son estigmatizados como delincuentes, y es la propia selectividad del sistema penal la que se encarga de seleccionar entre la inmensa población de usuarios a los más vulnerables. Vulnerabilidad generalmente asociada a la población perteneciente a las clases sociales de menores recursos económicos, educativos y culturales”.

Aníbal Fernández expresó: “En los delitos complejos: narcotráfico, desvío de precursores químicos, corrupción, terrorismo, lavado de dinero, estafas, grandes robos, piratería del asfalto, contrabando de autos, drogas, armas y trata, como grandes fraudes, evasión impositiva… no aparecen adictos en dichos hechos”.

Margarita Stolbizer opinó: “La droga está vinculada a otro tipo de inseguridad como ser el narcotráfico, la existencia de zonas liberadas, la corrupción de las fuerzas de seguridad y otros negocios paralelos. Este tipo de inseguridad y de delitos, mucho más ocultos por estar implicados ciertos poderes del Estado, influyen en la seguridad, tanto en la existente como en la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía en general”. Y Aníbal Ibarra dijo: “Los circuitos clandestinos de venta de drogas han penetrado y comprometido a buena parte de las fuerzas de seguridad”.

En el punto 3, sobre los Distintos actores del tráfico, especialmente las llamadas “mulitas”, Aníbal Fernández expresó: “Las mulas son el eslabón más débil de la cadena. La población femenina en prisión por los hechos más nimios ha crecido, y esto provoca no solamente ya un tema especial en el área de género, sino grandes recursos estatales, de las fuerzas judiciales y carcelarias en dicha población”. El radical Alfonsín manifestó: “Durante la vigencia de la ley 23.737, la penalización ha recaído mayoritariamente sobre los estratos más vulnerables que, en ocasiones, son explotados por las grandes organizaciones de tráfico. Por esta razón, proponemos escalas penales más flexibles que, creemos, tendrían un impacto sobre la futura tasa de ocupación de los establecimientos penitenciarios y permitirían evitar la imposición de sanciones que en determinados casos pueden resultar manifiestamente injustas”.

La candidata porteña radical, Silvana Giúdici, opinó: “Nuestra legislación ya diferencia a las llamadas mulas de los que la comercian al menudeo y los jueces tienen herramientas suficientes para discernir en el "quantum" de la pena cuando se encuentran frente a un narcotraficante”.

En el último Punto, el 4, sobre la Atención de la Salud y reducción de daños, Ricardo Alfonsín cree que hay que “separar claramente la intervención sanitaria del proceso penal”, se mostró partidario de una respuesta articulada con la Ley de Salud Mental que restringe el recurso de la internación y aseguró que “las estrategias de reducción de daños podrían jugar un rol importante”. Aníbal Fernández dijo: “No debe descartarse ninguna línea de intervención sociosanitaria; incluyo en esto la mayor amplitud en la reducción de daños”.

Victoria Donda opinó: “Si la persona ya está en contacto o en relación con las drogas, estoy de acuerdo con las políticas de reducción de daños. Por otro lado, creo que debe implementarse urgentemente un Programa Nacional de Prevención de Adicciones”.

Margarita Stolbizer cree que “la reducción de daños es una de las medidas más interesantes a nivel internacional que se han tomado en este sentido (de asistencia a usuarios de drogas)”. Por su parte, Martín Sabbatella manifestó: “La respuesta del Estado debe fundarse en los pilares de la gratuidad, la accesibilidad, la integralidad, la equidad y la universalidad” y que “debe contemplar en lo específico la perspectiva de la promoción y protección de derechos como así también la de la reducción de los daños asociados al consumo”.

Elisa Carrió dijo: “Los adictos no pueden ser tratados en los mismos ámbitos que los pacientes generales y/o psiquiátricos dadas las características de su patología”, y consideró la reducción de daños como un abordaje “auxiliar o complementario de las estrategias de prevención de adicciones”.