Cuatro manifestantes condenados por atentado a la autoridad durante una protesta contra la Ley Bases apelarán la sentencia ante la Cámara Penal porteña. La defensa sostiene que no hay pruebas que los vinculen con hechos violentos y denuncia una posible criminalización de la protesta en el marco de la aplicación del Protocolo Antipiquetes.
La defensa de cuatro personas condenadas por su participación en la protesta contra la Ley Bases apelará el próximo 25 de junio la sentencia en la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas porteña. El caso se enmarca en la aplicación del Protocolo Antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Se trata de Joaquín Arrua, Pedro Esquivel, Carlos Denuble y Astor Galán Vizgarra, quienes fueron condenados por el delito de atentado a la autoridad a seis meses de prisión en suspenso y tareas comunitarias, tras los hechos ocurridos durante una movilización el 2 de febrero de 2024 frente al Congreso Nacional.
Una condena cuestionada por la defensa
La sentencia fue dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró válidos los testimonios policiales en el juicio. Sin embargo, la defensa sostiene que las pruebas no acreditan los hechos imputados y que las filmaciones incorporadas al expediente muestran a los acusados en actitud pacífica durante la protesta.
De acuerdo con los abogados, los registros audiovisuales de distintos medios y fuerzas de seguridad no evidencian que los manifestantes hayan arrojado piedras ni cometido actos de violencia, como sostenía la acusación original.
Críticas al uso del Protocolo Antipiquetes
El caso fue el primero en el que se aplicó el denominado Protocolo Antipiquetes, lo que para la defensa implica un antecedente de criminalización de la protesta social. Desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep) sostienen que las detenciones fueron arbitrarias y que las pruebas del juicio fueron contradictorias.
El abogado defensor Martín Alderete señaló que los testimonios policiales presentaron inconsistencias entre sí y no coinciden con el material fílmico incorporado a la causa. En ese sentido, remarcó que la evidencia “demuestra la inocencia de los acusados” y pidió la absolución.
La audiencia clave
La audiencia de apelación se realizará el jueves 25 a las 13 horas, donde la defensa insistirá en que la condena debe ser revisada. El planteo central será que no existen pruebas suficientes que vinculen a los cuatro acusados con los hechos violentos atribuidos durante la manifestación.
Según los abogados, el caso trasciende las situaciones individuales y abre un debate más amplio sobre el alcance del derecho a la protesta y la libertad de expresión en el contexto de las medidas de seguridad aplicadas en movilizaciones sociales.
