La figura de Patricia Bullrich vuelve a ubicarse en el centro de la escena política, esta vez no sólo por sus decisiones dentro del oficialismo sino por los respaldos que la sostienen desde afuera. En el Gobierno aseguran que su margen de acción no es individual: detrás de la ex ministra de Seguridad se alinean sectores empresariales de peso y vínculos históricos con medios de comunicación que el propio Javier Milei suele cuestionar con dureza.

En la Casa Rosada, particularmente en el sector más cercano a Karina Milei, interpretan que la última jugada pública de Bullrich alteró el clima favorable que el Presidente empezaba a capitalizar. Sin embargo, descartan que haya sido un gesto por principios. Por el contrario, entienden que su relación de larga data con grupos como Clarín y La Nación tiene más peso que su sociedad política con el mandatario libertario.

La actual titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza se manifestó en contra de retirar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. Su postura se vinculó con el rechazo a la decisión del oficialismo, que interpretó como una represalia hacia el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, cuñado de la candidata.

Pero el episodio expuso tensiones más profundas. Por un lado, volvió a quedar en evidencia la interna persistente entre la hermana del Presidente y Santiago Caputo, a quien dentro del oficialismo señalan como quien advirtió sobre el “error” de impulsar a una persona con vínculos familiares con un periodista crítico. Según estas versiones, Caputo insiste en remarcarle a Milei las limitaciones políticas de su entorno más cercano, mientras alimenta el enfrentamiento con la familia Saguier.

Más allá de esas disputas internas, en los tribunales se desarrolla una pulseada de mayor alcance. La designación de jueces y fiscales en cargos clave se transformó en un terreno de disputa central. Los 80 pliegos impulsados por Juan Bautista Mahiques forman parte de una estrategia más amplia para cubrir cerca de 300 posiciones en el sistema judicial.

Quienes participan de ese proceso lo interpretan como una antesala de la contienda presidencial de 2027. «Es una pelea de absoluto poder real. No existe pelea más poderosa que poner un juez o un fiscal. Son 20 años de piso que vas a tener a alguien que toma decisiones centrales. Al lado de eso, las lista de la política valen bastante menos», explica una fuente del ámbito judicial con conocimiento directo de las negociaciones.

La tensión tendrá un nuevo capítulo en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para este miércoles y en la sesión del jueves en el Senado, donde se debatirán los pliegos y el oficialismo intentará avanzar con el retiro de la candidatura de Michelli.

En paralelo, se intensifica el lobby por cargos estratégicos dentro del Poder Judicial. En ese escenario, otros nombres adquieren mayor relevancia para sectores influyentes. Entre ellos aparecen Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ambos enfrentan resistencias: al primero lo cuestionan por supuesta cercanía con el kirchnerismo, mientras que al segundo se le adjudica haber favorecido el sobreseimiento de Claudio “Chiqui” Tapia en una causa por presunto lavado de dinero.

El caso de Galván Greenway incluso genera diferencias dentro del propio entramado mediático. Desde el oficialismo mencionan que ni siquiera hay consenso entre los referentes cercanos a Héctor Magnetto, y citan trabajos periodísticos como los de Daniel Santoro, donde se señala que el fiscal Jorge Dhal Rocha había acompañado el cierre de la causa contra el titular de la AFA.

Otro de los pliegos cuestionados es el de Juan Manuel Mejuto, propuesto para la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital, a quien se vincula con Justicia Legítima. Todos estos nombres forman parte del paquete impulsado por Mahiques, integrante de una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial y con antecedentes de peso político propio.

Dentro del Gobierno sostienen que un directivo del Grupo Clarín le habría pedido a Bullrich que priorice el rechazo a los pliegos vinculados a la Cámara Penal Económico, un espacio clave donde se tramitan causas sensibles para el poder económico. «Ella juega a muerte con Clarín y La Nación», aseguran en los tribunales de Comodoro Py.

En este contexto, el distanciamiento de Bullrich con Milei es leído como parte de un movimiento más amplio dentro del establishment, que evalúa alternativas ante las dudas que genera el rumbo del oficialismo. La ex ministra, que quedó tercera en las elecciones de 2023 tras haber integrado gobiernos de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa, aparece como una posible figura para disputar el liderazgo en el futuro.

Sin embargo, su eventual candidatura también refleja la escasez de opciones dentro de los sectores empresarios que buscan incidir en la política sin volver al kirchnerismo. Mientras algunos actores creen que cuenta con respaldo firme, otros consideran que su figura es utilizada como herramienta de negociación frente al Gobierno.

«El Círculo Rojo quiere que esto se acabe. Ven que no es sostenible. No es solo el maltrato, ni siquiera es lo primero. Lo que quieren es que el negocio a largo plazo tenga mejores perspectivas», confió a El Destape un dirigente con diálogo frecuente con Mauricio Macri.

Incluso dentro del universo del PRO persisten las divisiones. Hay quienes especulan con un posible regreso de Macri a la competencia electoral, mientras otros creen que su prioridad sigue siendo conservar el control de la Ciudad de Buenos Aires. También hay versiones que indican que podría negociar con Milei para garantizar ese objetivo.

Por ahora, los movimientos se aceleran sin esperar el calendario electoral. Las disputas por poder real —tanto en la política como en la Justicia— avanzan día a día y dejan en segundo plano cualquier argumento basado en convicciones personales.