La diputada Gambaro manifestó hoy su “preocupación y alarma por el alto grado de inactividad actual de la Oficina Anticorrupción” y recordó que esta anomalía está reflejada no sólo en los medios de comunicación (como la nota de hoy del diario La Nación) sino también en informes de organismos no gubernamentales como Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

“La Oficina que debe investigar la corrupción pública y trabajar en la prevención de eventuales ilícitos está paralizada”, dijo Gambaro, quien ejemplificó que en 2009 ese organismo abrió tan sólo 323 carpetas, que se sumaron a las 6.911 preexistentes, dando un total de 7.234. “Pero sólo 29 de estas investigaciones fueron derivadas a la Justicia en 2009, de las cuals se derivaron apenas 18 denuncias penales. ¡Y la Oficina Anticorrupción no fue querellante en ninguna de estas causas!”, exclamó la legisladora de Unión Celeste y Blanco.

“Los procesos judiciales sobre las causas de corrupción, según una investigación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), tienen una duración promedio de 14 años, que en múltiples oportunidades conduce a la prescripción de la acción penal”, agregó la diputada Gambaro.

PROYECTO DE LEY

En ese marco, los diputados De Narváez, Ferrari y Gambaro presentaron un proyecto de ley (expediente 442-D-2011), elaborado con especialistas de ONG"s, cuyos puntos salientes son los siguientes:

*Independencia del organismo:

-Se rejerarquiza la Oficina, al otorgarle una entidad administrativa "autónoma y desconcentrada", bajo la órbita administrativa de la Jefatura de Ministros de la Nación.

-Se modifica el modo de designación de su autoridad principal, previendo concurso de oposición y antecedentes, y audiencias públicas con la posibilidad de realizar impugnaciones. Asimismo, el proceso de remoción también es complejo y no dependerá de la decisión discrecional de un solo individuo, lo que dota a su autoridad de mayor independencia.

-Se establecen mayores mecanismos de control sobre el trabajo de la OA. Esta deberá elevar un plan anual de acción de lucha contra la corrupción al Congreso de la Nación para su conocimiento. Además se jerarquizan los informes de la OA dado que el órgano receptor no es un simple ministro de justicia, sino que es el Jefe de Ministros.

*Rol en la lucha contra la corrupción:

-Se le intenta dar un rol más proactivo en la educación y capacitación cívica e intra-administración en cuanto a la lucha contra la corrupción. Se busca que la OA deje de ser un mero receptor de DD. JJ. y tenga un grado mayor de incidencia a través de políticas públicas educativas y campañas de publicidad pública sobre la lucha contra la corrupción, aunque también desde la investigaciones administrativas que lleve adelante. Creemos necesario instalar un nuevo paradigma en la sociedad en cuanto a la corrupción pública y privada, la OA debe tener como principal objetivo aquel fin.

-Se busca fortalecer a la OA como un nexo con la sociedad civil, ya sea para la recepción de denuncias y protección de testigos, y como ente encargado de merituar los pedidos de información y vistas de causas de relevancia institucional vinculadas a la corrupción pública a la que la OA debe tener acceso. Para ellos creamos una nueva dirección de "Relación con la Ciudadanía"

Todas estas iniciativas fueron consensuadas durante un largo proceso deliberativo en conjunto con especialistas de la sociedad civil con las que trabajamos conjuntamente y a las que aprovechamos nuevamente para agradecer su colobaración.

Esperemos que en este nuevo período legislativo se pueda avanzar en el tratamiento de este proyecto, como en todas las iniciativas que tengan como finalidad otorgar herramientas institucionales y jurídicas a la lucha contra la corrupción pública.