Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial del turismo acerca del rol decisivo de los Estados en la prevención de este flagelo y específicamente de adoptar legislación específica para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, las diputadas nacionales por el radicalismo, Mariana Juri y María Luisa Storani, presentaron ante los sectores turísticos un proyecto de ley para endurecer las penas por este delito y para promover la realización de campañas públicas sobre el tema.

Entre los puntos salientes del proyecto se destaca la quita de la licencia a los operadores turísticos vinculados a la prostitución infantil, el desarrollo de acciones de comunicación para darle “visibilidad” pública al tema y la adecuación de la legislación sectorial al protocolo de Palermo, acuerdo promulgado por Naciones Unidas para combatir la trata de personas.

La iniciativa se hizo pública en Mendoza durante una jornada que incluyó la disertación de la directora ejecutiva de la Fundación Mujeres por la Igualdad, Monique Altchul.

De esta manera, Juri y Storani junto con especialistas brindaron información a las cámaras del sector turístico, a las que después de la charla, se las invitó a firmar un compromiso voluntario para erradicar esta práctica de la actividad.

Con esto, las empresas del sector se comprometieron a adoptar medidas para impedir que sus trabajadores, dependientes o intermediarios, ofrezcan contactos sexuales con menores de dieciocho años y desarrollar políticas empresariales éticas contra cualquier forma de explotación sexual infanto juvenil.