Cualquiera que camine por las playas bonaerenses podrá cruzarse este año con extraños agentes de seguridad con camisetas verdes fluo y tres letras en su espalda: SPB.

Se trata de unos 400 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense que el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, afectaron al Operativo Sol en las costas bonaerenses.

La idea se implementó para evitar la crítica que todos los años deslizan los intendentes que ven disminuir sus fuerzas de seguridad en sus distritos con motivo del Operativo Sol.

Por eso, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad echaron mano a una idea tan novedosa como polémica: Anexar agentes del Servicio Penitenciario bonaerense al ejército de efectivos policiales que velan por la seguridad de los turistas.

“Está claro que las cárceles quedan resentidas”, explicó el diputado provincial de la Coalición Cívica, Walter Martello. “Ni gendarmería, ni el Servicio Penitenciario están en condiciones de ceder efectivos. Son paliativos ante la falta de presupuesto”, agregó.

Además explicó que “se están utilizando fuerzas que no están preparadas para la seguridad en las playas. No sólo hay agentes del Servicio Penitenciario. También hay personal de Gendarmería y de Perfectura”.

Los agentes, preparados originariamente para vigilar y controlar a personas privadas de su libertad, cumplen en las playas bonaerenses un horario que va de 8 a 20 horas.

Tienen como tarea custodiar la playa y coordinan el trabajo con los efectivos de calle de la policía. También auxilian a la policía vial en los accesos a los diferentes distritos.

Los agentes seleccionados están organizados en grupos con recambio en quincenas y reciben cada uno de ellos $ 180 diarios, pero con eso deben costearse hospedaje y alimentación.

Fuentes del ministerio aseguran que el traslado de los agentes que revisten en las distintas cárceles bonaerenses hacia la costa “no resentirá” la seguridad en las cárceles de la Provincia.

De alguna manera la polémica iniciativa es fruto de la fusión de los ministerios de Justicia y de Seguridad que hasta mediados de 2010 funcionaban de manera separada.

“Esto es un intento de dar una sensación de mayor ordenamiento, pero en definitiva es un grave error”, dijo el diputado de Unión-Pro, Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja provincial.

“Enviar agentes del Servicio Penitenciario a las playas es desvirtuar completamente la fuerza una de las pocas fuerzas ordenadas que tenemos”, dijo el diputado y agregó “los agentes no tienen porqué estar preparados para la seguridad delictiva. Ellos tienen que estar formados en la recuperación social de los detenidos”.

PASADO COMO PENITENCIARIO

Casal es un funcionario provincial que inició su carrera en el Servicio Penitenciario Bonaerense en septiembre de 1973, cuando tenía 18 años recién cumplidos.

Fue designado agente del Servicio Penitenciario Bonaerense en septiembre de 1973, con 18 años recién cumplidos, a través de gestiones de familiares directos.

Según algunas versiones, su designación se efectuó con destino en la Unidad 9 de La Plata pero, al poco tiempo y luego de efectuar los cursos correspondientes, fue designado en el primer cargo de oficial del servicio.

Cuando asumió a principios del gobierno de Daniel Scioli como ministro de Justicia, varias organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre su pasado. Sin embargo, fueron misteriosamente silenciadas y prácticamente no hubo repercusiones al respecto.