Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, quedó en el centro de un nuevo frente de conflicto para el Gobierno. Bajo la intervención dispuesta por Javier Milei en agosto de 2024, la entidad realizó pagos por más de $7700 millones a la droguería Suizo Argentina, una firma investigada en la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre noviembre del año pasado y marzo de este año, los interventores designados por la Casa Rosada autorizaron 193 transferencias. En algunos casos se trató de medicamentos de alto costo para afiliados puntuales; en otros, de convenios capitados vinculados a tratamientos oncológicos. Enero fue el mes con mayor volumen: se registraron 101 giros por $1395 millones.

La magnitud de esos pagos dejó expuesta a la intervención. Osprera es la tercera obra social más grande del país y un eje estratégico en la política de salud. Su control abrió una dura disputa judicial con el jefe del gremio rural, José Voytenco, enfrentado con el diputado libertario Pablo Ansaloni. La primera interventora, Virginia Montero, logró tomar posesión recién a fines de octubre tras una cautelar del juez federal Federico Villena.

En diciembre, el Poder Ejecutivo designó a Marcelo Petroni, quien firmó un acta acuerdo con la Suizo Argentina para regularizar la deuda acumulada durante los primeros meses de la intervención. El documento estableció que, desde diciembre en adelante, los pagos se realizarían a 60 días de emitidas las facturas y que la droguería debía “mantener vigente la provisión de medicamentos”.

La obra social reconoció una deuda global de $97.000 millones, de los cuales $3000 millones correspondían a la Suizo Argentina. “La intervención recibió a Osprera con un pasivo total de $97.000 millones y un pasivo corriente de $5000 millones mensuales que ya se bajó en más de 50%”, sostuvieron fuentes oficiales, que negaron un trato especial hacia la empresa.

El escándalo en la Andis, sin embargo, arrastró a la obra social rural. Los directivos de la Suizo Argentina están imputados por presuntos sobornos, lo que acrecentó las sospechas sobre los vínculos de la droguería con funcionarios y dirigentes libertarios.

A esto se sumaron las versiones sobre la influencia de Martín y Eduardo “Lule” Menem en la intervención. En la causa judicial que impulsó Voytenco, el fiscal Guillermo Marijuan citó mensajes de WhatsApp en los que Petroni decía: “Eso lo tiene que saber Martín y Lule” y en otro: “Nosotros somos Lule y Karina”. Desde el Gobierno rechazaron esa interpretación y remarcaron que el interventor responde directamente a Milei.

Otro episodio que encendió alertas fue la contratación de HTech Innovation, una empresa vinculada a un socio de Martín Menem, que logró sus primeros contratos con Osprera en los meses posteriores a la asunción presidencial. El convenio se dio de baja más tarde, pero alimentó la versión de un armado político alrededor de la obra social.

Con la lupa judicial sobre las compras, Petroni modificó el sistema de contrataciones. Dispuso compulsas a sobre cerrado ante escribano público en reemplazo de las llamadas telefónicas. En la primera licitación, realizada en julio, la Suizo Argentina se ubicó tercera en la provisión de medicamentos de alto costo en general y primera en oncología.

La combinación de pagos multimillonarios a un proveedor investigado, denuncias de injerencia política y un pasivo abultado colocó a Osprera en el centro de un tablero complejo donde se cruzan la interna libertaria, las disputas sindicales y la acción de la Justicia federal.