En un contexto político marcado por la ofensiva opositora en el Congreso, el presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar dos iniciativas orientadas a reforzar la disciplina fiscal de su administración. La primera ordena al Ministerio de Economía que el Tesoro deje de recurrir al Banco Central para cubrir el gasto primario. La segunda plantea una ley que sanciona a quienes aprueben presupuestos con déficit.

El Gobierno prevé que la instrucción a Economía se formalice este lunes, aunque no definió si lo hará mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial o a través de una comunicación interna. Milei remarcó: “El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”. En la práctica, esa restricción ya se aplicaba, pero el Presidente buscó oficializarla para enviar señales de confianza a los mercados.

En paralelo, el Ejecutivo prepara el envío de un proyecto al Congreso que fija una “regla fiscal estricta” para garantizar equilibrio o superávit en las cuentas nacionales. “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, advirtió Milei. El texto incluye sanciones penales a legisladores y funcionarios que no cumplan con la norma, un punto que anticipa resistencia parlamentaria por sus posibles choques con las garantías constitucionales.

La ofensiva oficialista se produce después de que los bloques opositores más duros impusieran derrotas en una docena de votaciones en Diputados. En los próximos días, y con respaldo de 24 gobernadores, avanza el tratamiento de dos proyectos que ya cuentan con media sanción del Senado y que representan un costo fiscal adicional. Según estimaciones de GMA Capital, esas medidas implicarían 0,2% del PBI este año y 0,4% en 2026.

El oficialismo quiere que la nueva ley ingrese por Diputados, pero en la Cámara baja se mantiene la cautela. En mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó sin éxito una iniciativa para captar dólares no declarados, y en la Casa Rosada reconocen que la campaña electoral dificulta la aprobación de propuestas propias.

A pesar de la tensión política, el FMI respaldó la política económica de Milei y Caputo, aunque sigue de cerca la acumulación de reservas. El propio Presidente defendió en un texto publicado por el Banco Central que las recientes subas del dólar no tendrán impacto inflacionario y sostuvo que la emisión es el factor determinante de la suba de precios.

La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que, entre enero y julio, la Administración Pública Nacional registró un superávit primario de $9,7 billones y uno financiero de $2,8 billones. En julio, esos resultados fueron de $3,0 billones y $2,2 billones, respectivamente. Sin embargo, en la Casa Rosada admiten que “se vienen dos meses de muchísima volatilidad” hasta las elecciones bonaerenses, en las que el mercado mantiene su atención.