La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de pronunciarse sobre la causa Vialidad, después de que el procurador general Eduardo Casal respaldó el pedido del fiscal Mario Villar para agravar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver, aunque la decisión adquiere un fuerte contenido político en un año electoral.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El juicio había comenzado en 2019 e incluyó a exfuncionarios nacionales y al empresario Lázaro Báez. Los fiscales Diego Luciani y Mario Villar impulsaron una calificación más grave: “asociación ilícita”. El tribunal solo aplicó el delito de administración fraudulenta.

En 2024, la Cámara de Casación ratificó ese fallo, pero no atendió el planteo sobre asociación ilícita. Tras esa decisión, la defensa de Cristina presentó un recurso ante la Corte. Ese trámite derivó en una consulta al procurador general.

Casal aceptó el reclamo de Villar y propuso duplicar la pena al considerar que Fernández de Kirchner debía ser condenada también como jefa de una asociación ilícita. “Debe ser condenada también por asociación ilícita en carácter de jefa”, planteó el jefe de los fiscales.

La Corte ahora tiene tres opciones. Podría confirmar la sentencia original y dejar firme la condena a seis años con inhabilitación. También podría absolverla. Y, como tercera alternativa, podría aceptar el planteo de Casal y ordenar una nueva condena por asociación ilícita. En ese caso, debería devolver el expediente a la Casación para que dicte una nueva sentencia. Ese escenario abriría un camino procesal más largo.

El tribunal supremo no tiene plazos establecidos. Su funcionamiento actual depende del acuerdo entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Si no logran una definición unánime, deberán convocar a conjueces, lo que volvería a extender los plazos.

Los antecedentes no juegan a favor de una decisión rápida. En el caso Ciccone, por ejemplo, la Corte demoró dos años y medio en tratar la sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou. En el juicio por tráfico de armas contra Carlos Menem, el proceso llegó al tribunal pero nunca tuvo resolución. Menem murió absuelto, tres años después de que la causa ingresó al Palacio de Justicia.

Si la Corte confirma la condena de 2022, la ejecución sería inmediata. Cristina tiene más de 70 años, por lo que en ese caso accedería a prisión domiciliaria.

Mientras tanto, el calendario electoral también influye. Fernández de Kirchner todavía puede postularse en las elecciones legislativas de este año. El cierre de listas para la provincia de Buenos Aires opera el 19 de julio. Para los cargos nacionales, el límite es el 17 de agosto. Los mandatos nuevos arrancan el 10 de diciembre.

Si se postula, resulta electa y asume su banca, obtendría fueros parlamentarios. En ese escenario, solo podría cumplir la pena si el Congreso aprueba su desafuero.