El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expuso este miércoles ante la Corte Suprema en el marco del reclamo por una deuda de más de $1000 millones que la ANSES mantiene con la provincia por fondos previsionales no transferidos. El mandatario calificó la situación como «una afrenta flagrante» y advirtió sobre la gravedad del conflicto que también afecta a otras 12 provincias.

El reclamo se centra en la interrupción de los giros nacionales destinados a cubrir el déficit de las cajas jubilatorias no transferidas, que hasta el año pasado se sostenían por mandato legal. La administración de Javier Milei suspendió esos envíos desde diciembre de 2023 bajo el argumento de auditar las cifras, lo que generó tensiones con gobernadores que ahora buscan la intervención judicial.

“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con Córdoba y las demás jurisdicciones con cajas no transferidas”, afirmó Llaryora al salir del encuentro. El gobernador cuestionó la eliminación de las partidas del presupuesto 2023, prorrogadas sin modificaciones durante este año y el próximo, y advirtió que el Ejecutivo intentó legalizar el desfinanciamiento mediante un decreto que tachó de inconstitucional.

El conflicto se desarrolla en medio de un fuerte ajuste fiscal y en plena etapa de reconfiguración política. La Corte fijó una nueva audiencia para dentro de dos semanas, mientras el Gobierno nacional evalúa distintas opciones para resolver el litigio, entre ellas la compensación con bienes o pagos en cuotas. “Queremos encontrar soluciones definitivas”, expresó Llaryora, quien también sostuvo que “la Nación nos está girando cero pesos a la caja de jubilaciones, y eso atenta justamente contra los derechos de los cordobeses”.

El mandatario insistió en que el reclamo no se limita a los fondos actuales. Sumó una nueva demanda a las ya presentadas por sus antecesores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, e incluyó una impugnación al DNU 280 del 27 de marzo, que formalizó la suspensión de los pagos. “Hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia”, subrayó.

Además de Córdoba, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe figuran entre las más afectadas por la deuda total, que según estimaciones oficiales superará los $2000 millones hacia fin de año. Llaryora aseguró que el déficit de la caja previsional cordobesa ya supera los $370.000 millones.

La situación podría generar un precedente similar al fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por los fondos de coparticipación recortados por la gestión de Alberto Fernández. En ese caso, la Corte obligó al Estado nacional a devolver los recursos retenidos.

Durante su exposición, Llaryora sostuvo que la actitud del Ejecutivo implica un trato desigual entre jubilados nacionales y provinciales. “Esta falta constituye un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias”, declaró. También cuestionó el impacto institucional del conflicto: “El incumplimiento persistente del Estado nacional implica una afectación concreta y grave al funcionamiento de nuestra organización como República”.

El gobernador cordobés concluyó con un mensaje hacia el oficialismo nacional. “Nosotros queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, y a la República le va a ir bien cuando todos cumplamos las leyes”, afirmó.