Próximamente recordaremos una de las fechas más tristes de nuestra historia reciente: el 24 de marzo de 1976. Ese día se consumó el último golpe de Estado cívico-militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), que recurrió a una ilegal y cruel represión, conducido por Juntas Militares y altos mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Invocaban combatir a la subversión terrorista ejercida por organizaciones irregulares armadas y liberarnos del comunismo que lideraba la Tercera Guerra Mundial; aunque éstas estaban seriamente debilitadas y nada impedía continuar accionando con las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval), Policía Federal y Policía Provinciales.

¿Es necesario revisar los años del PRN? Aprecio que sí, para evitar su repetición. “No es sorprendente, porque Alemania sigue investigando lo que ocurrió durante el nazismo. Son las fuerzas inerciales que siguen actuando. Es traumático y no hay arrepentimiento, salvo casos aislados, como el del Ejército el 25 de abril de 1995” (Rodolfo Rabanal, Los intelectuales y el país de hoy, La Nación). No puedo obviar citar medulares reflexiones de reconocidos analistas sobre lo expresado:

“La forma militar de resolver la crisis por el PRN fue excepcional, desmesurada y horrorosa. La violencia ejercida de manera clandestina por el Estado alcanzó niveles nunca vistos en el país. Hubo una cantidad inmensa de muertes y desapariciones, campos de concentración, tortura y exterminio, saqueo de bienes y robo de niños. Lo ejecutó un Estado clandestino, que operaba de noche y aparentaba normalidad de día; además de matar, derrumbaba la fe en las instituciones y en las leyes, sistemáticamente violadas por quienes debían custodiarlas. El general Jorge Videla, presidente durante los cinco años iniciales, fue un protagonista mediocre, y sus sucesores mucho más”. (Luis A Romero, La larga crisis argentina, pág. 62 y 63).

“Una cosa es una banda de criminales terroristas y otra cosa es que el Estado se convierta en criminal. Su responsabilidad es mucho más grave (René Balestra, La Nación).

“Esta campaña de aniquilamiento de la subversión y de intimidación de los ciudadanos pacíficos indigna a amplios sectores de la opinión pública, incluso a aquellos que no experimentan ninguna ternura con los guerrilleros. Es difícil de explicar la suspensión de los derechos fundamentales y el desencadenamiento de una violencia represiva infinitamente más cruel que la de los terroristas” (A. Rouquié, citado por Prudencio García, El drama de la autonomía militar, pág. 220).

Los procedimientos represivos respondieron a la doctrina que Francia aplicó en Argelia, y el Ejército Argentino adoptó a fines de los años cincuenta. Un oficial francés dijo: “La guerra de Argelia influyó decisivamente en mi generación. Un día, integrando una patrulla tomamos un prisionero. Aún estoy viendo a este hombre. Marchó con nosotros durante toda la noche. Compartimos el agua con él. Me sentía contento, hasta galante. Al llegar al puesto de comando, ingenuo de mí, lo entregué al oficial de inteligencia del regimiento. Aún creo oír sus gritos de bestia torturada; y yo, fuera, impotente, pero culpable. Su cuerpo desfigurado rodó por entre las inmundicias. Fue enterrado a prisa y corriendo. Por primera vez descubrí el pecado (…) Comprendí que todos éramos responsables, y sentí vergüenza” (monseñor Luis A. Castro Quiroga, Deja de correr, pág. 330).

La escritora francesa Sandrine Lefranc aseguró “que los crímenes de Estado cometidos en Argelia aún son de actualidad” (Políticas del perdón, pág. 287).

Es inaceptable que, aún hoy, algunos sectores afirmen que: fue una guerra, hubo excesos, cumplimos órdenes del gobierno constitucional, y se nos ordenó aniquilar. La palabra guerra estaba precisamente prohibida por el PRN; se empleaba la expresión: “Lucha contra las bandas de delincuentes subversivos”.

“Ningún documento liminar del PRN habla de guerra (…) Estamos ante una alternativa de hierro. O no hubo guerra y estamos ante actos de delincuencia común, o la hubo, y entonces enfrentamos a criminales de guerra” (Fiscal Julio C. Strassera, alegato en el Juicio a las Juntas Militares).

“El concepto totalmente minoritario de la guerrilla desautorizó la auto calificación de la lucha como guerra, en la que coincidían con sus adversarios, los militares” (Juan J. Sebrelli, Crítica de las ideas políticas argentinas, pág. 392).

En 1975, el gobierno constitucional- posteriormente depuesto por el golpe militar-, mediante los Decretos 261 y 2772, ordenó “realizar las operaciones militares que sean necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

El término “aniquilar militarmente” tiene un claro alcance: quebrar la capacidad de lucha del enemigo. No reducirlo a la nada y hacerlo desaparecer. Nosotros, en Malvinas, fuimos aniquilados, pero no se cometió ningún crimen de guerra.

“El objetivo básico de todo combatiente no significa el exterminio del adversario, con matanza total de los rivales y despiadada destrucción de sus pertenencias y su territorio, sino la reducción a la impotencia bélica. El reconocido militar alemán Colmar von der Goltz dijo que no se vence al enemigo destruyéndolo totalmente, sino quitándole la esperanza de la victoria” (Cabanellas de Torre, Diccionario militar, pág. 135).

Agravia a la sociedad argentina y a la humanidad, que algunos sectores políticos, legislativos y religiosos ignoren el concepto de reconciliación y continúen invocando como “excesos horrendos” a crímenes de lesa humanidad, como: violaciones sexuales, robo de bebés, tirar desde aviones vivos o muertos prisioneros al mar, torturas y desapariciones forzadas de miles y miles de personas que solo Dios conoce.

Quienes ordenaron y consintieron fueron entre otros: los generales Videla, Viola, Galtieri, Bignoni, Díaz Bessone, Harguindeguy y el almirante Massera (Marie-Monique Robin, Escuadrones de la muerte, cap. 20,21 y 22).

El Papa Juan Pablo II, en 1979, se refirió a ello: “No podemos olvidarnos cuando nos ponemos ante Dios del drama de las personas desaparecidas. Pidamos que se acelere la anunciada definición de las posiciones de los encarcelados y se mantenga un compromiso riguroso de tutelar la observancia de las leyes, el respeto a la persona física y moral, incluso de los culpables o indicados de delitos. Roguemos para que el Señor conforte a cuantos no tienen ya la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos. Compartamos plenamente su dolor” (L´Osservatore Romano, 29 y 30 Oct.1979).

Borges dijo que “el mayor defecto del olvido es que a veces incluye la memoria”. Glorificar la dictadura y sus perpetradores, y distorsionar y mentir intencionalmente sobre los crímenes expresados, es negar a la sociedad el acceso a la verdad histórica y socavar su confianza en las instituciones.