El abogado de la asociación Pro Vicente López apuntó contra la inversión millonaria en torno a los emprendimientos inmobiliarios de la zona ribereña. También estimó que “la protesta de los vecinos va a lograr que no sea una avenida”. Repasó las presentaciones judiciales existentes, e hizo mención a la represión del último fin de semana, en la cual un camión embistió a un joven.
Hoy, las movilizaciones en contra de la construcción del vial costero cada vez son más frecuentes y concurridas. Pero hay referentes locales que se opusieron a la obra desde su génesis, tal es el caso del abogado Miguel Quintabani, quien impulsó varias denuncias en contra del municipio gobernado por Enrique García.
“El vial es la frutilla de la torta de lo que en la misma Municipalidad llaman Plan Director de la Zona Ribereña, que comprende toda la política urbanística sobre la costa tomando como límite el río y las vías del ferrocarril”, indicó en diálogo con La Noticia Web, y añadió que “todos esos emprendimientos son un plan inmobiliario completo”.
¿El nacimiento lo ubica en la sesión del 24 de diciembre de 2004?
Sí, en ese momento lo hicieron en forma burda, porque en lugar de hacer una modificación del Código de Ordenamiento Urbano, aprobaron ordenanzas de excepción para beneficiar a empresarios como De Narváez; ahí nosotros comenzamos la ofensiva, con Vecinos Indignados, incluso presentamos una denuncia penal en febrero de 2005 (…).
¿Cuántas presentaciones judiciales existen relacionadas con esta problemática?
Hay un montón, si hablamos de acción concreta contra el vial, es el amparo que iniciamos la asociación civil Pro Vicente López, a la que pertenezco – y soy patrocinante en la causa -, y la Galpona, ambas forman parte de Unidos por el Río, y recurrimos a la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina y a la FARN, en total somos siete abogados involucrados.
¿Qué argumento utilizaron para pedir que se detenga la obra?
Nosotros nos sustentamos en un planteo de nulidad del estudio de impacto ambiental; decimos que ese estudio que hizo Provincia y que aprobó la OPDS es limitado, incompleto y no respeta las normativas técnicas aconsejadas (…).
¿En qué instancia está dicha presentación?
Como la demanda la iniciamos contra Provincia, la Municipalidad y Nación, entendíamos que corresponde la justicia federal, por las personas implicadas y por los alcances interjurisdiccionales. Pero en la justicia federal no lo entendieron así y se declararon incompetentes, a pesar de que había una fiscal que nos daba la razón, y ahora está en el juzgado de turno de San Isidro - de la doctora Delma Cabrera -, cuando pase la feria tiene que ir a sorteo.
Otro aspecto relevante son las movilizaciones vecinales
Está previsto que para la primera semana de agosto haya una nueva movilización. Nosotros estamos acostumbrados a enfrentar estos proyectos desde 2004, pero no teníamos tanta concurrencia de vecinos (…). Ahora la gente ve torres que están invadiendo toda la zona de Libertador y también está viendo que se destruye el espacio verde del paseo de la costa.
Y en algunos casos la respuesta a ciertas acciones es la represión
Esa es otra circunstancia inédita, no se entiende porqué; quizá por desesperación, porque los negocios se demoran, recurren a la violencia. Además, hay una política del gobierno nacional de no reprimir la protesta social, esta es una protesta de tipo social y sin embargo reprimen.
¿Qué pasó el último fin de semana?
Por semana hay varias salidas de vecinos que se ponen frente a las máquinas para no dejarlas trabajar, es una protesta pacífica, y cada tanto se presentan algunas situaciones en las cuales hay represión policial. El sábado pasado fue más grave, como habían cerrado el acceso a la zona del río, la gente decidió parar los camiones de la empresa Cartelone en Laprida, uno de los chóferes tiró el vehículo encima de los chicos y uno resultó golpeado, y se están labrando las actuaciones por lesiones.
Es indudable que esta obra tiene un gran impacto político para todos los sectores
Si la obra no se puede detener, y terminan esta etapa, estoy seguro que la protesta de los vecinos va a lograr el objetivo que no sea una avenida.
En un programa de televisión local se insinuó que posiblemente hubo un sobreprecio en las obras, no sé si es verdad, pero puedo afirmar que si fuese así serían centavos al lado del dinero que está en juego con las inversiones inmobiliarias del proyecto completo, que podría ser de mil millones de dólares. Todo el mundo sospecha negocios sucios.
