Entre los días 7 y 10 de junio, distintos representantes de la CIDH recorrieron cárceles y centros de detención en la provincia. El equipo de enviados estuvo integrado por el Relator, Comisionado, Rodrigo Escobar Gil, y personal de la Secretaría Ejecutiva.

Los observadores internacionales remarcaron su "profunda preocupación" por las condiciones habitacionales de las personas privadas de la libertad en la Provincia. Además, subrayaron la responsabilidad que le cabe al Estado que "tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas compatibles con la dignidad humana".

Entre los lugares que visitaron se hizo referencia al Complejo Conurbano Bonaerense Norte, la Unidad 2 Sierra Chica, la Unidad 1 Lisandro Olmos, la Comisaría de Ensenada Seccional Tercera (El Dique), la Comisaría de Berisso Seccional Primera, y la Comisaría de Lomas de Zamora Seccional Sexta.

El informe señala que, de acuerdo con los datos oficiales, la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires es de 30.132 internos. Asimismo remarca que hay 4.040 personas en otros centros policiales.

DENTENIDOS EN COMISARIAS

El equipo, que también trabajó con organizaciones no gubernamentales, encontró que los datos oficiales no incorporan al porcentaje de los detenidos sin condena, los 4 mil que se encuentran en comisarías y otros centros.

En este sentido, la CIDH remarca un “uso abusivo” de las medida de prisión preventiva "en detrimento de los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben regir este mecanismo procesal".

Al respecto, cabe mencionar la iniciativa del ministro de Justicia, Ricardo Casal, que ha impulsado la construcción de alcaldías. Se trata de edificios que funcionarían en los predios de los penales, que apuntan a descomprimir las comisarías y a “clausurar los calabozos”.

REFORMA PROCESAL PENAL

Los miembros de la delegación, expresaron “preocupación” frente a las recientes reformas al Código Procesal Penal "por las que se restringió el acceso a las medidas alternativas a la privación de libertad y se aplican criterios sustantivos para el análisis de procedencia de la prisión preventiva, en contradicción con los estándares internacionales".

Así, señalaron que “es necesario adecuar la legislación procesal de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Por último, los representantes de la CIDH destacaron la cooperación que brindó el Gobierno argentino que permitió “el acceso irrestricto a los lugares de detención durante el transcurso de la visita”. Asimismo, hicieron referencia a las organizaciones no gubernamentales y a la Comisión Provincial por la Memoria.