Por César Morielli

Hace algunas semanas se había realizado reunión organizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, a través de su delegado regional el Dr. Rafael De Biase, en la que participaron los denunciantes del caso Gómez y representantes de la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal.

Ahora, la letrada María del Carmen Masulli, representante de la empleada municipal Elizabeth Tavella, le escribió a De Biase solicitando un “Informe de la gestión efectuada por esa delegación a partir de la denuncia”, un “Informe de acciones concretas, tendientes a cesar la violencia laboral ejercida hacia la víctima y sus testigos”, y que “informe si la Ley 13.168 sancionada por el Poder Ejecutivo Provincial fue adherida por el Municipio de San Martín, para el caso de respuesta positiva, si la misma se encuentra aplicada en este caso”.

¿Por qué la Ley 13.168 es tan importante? Básicamente porque contiene la normativa sobre violencia laboral y porque sirve para encontrar una violación legal en el comportamiento de Gómez, según declaran los testigos. Esta ley se puede aplicar a todos los aspectos de la denuncia. Y no estamos hablando de la Ley de Acoso Sexual, sino, de una más abarcativa.

La Noticia Web accedió a una copia de la legislación que dice que se “entiende por violencia laboral el accionar de los funcionarios y/o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social”.

La ley explica qué se debe entender por maltrato físico, psicológico y social; por acoso; por inequidad salarial; y agrega que “ningún trabajador que haya sido victima de alguno de estos enunciados o que haya comparecido como testigo podrá ser sancionado, ni despedido, ni sufrir perjuicio personal alguno en su empleo”.

El texto dice en el artículo 9 que cualquiera que incumpliera la norma será “causal de sanción de orden correctivo, que podrá implicar apercibimiento o suspensión de hasta 60 días corridos, salvo que por su magnitud y gravedad, o en razón de la jerarquía del funcionario pueda encuadrarse en figuras de cesantía, exoneración o ser considerado falta grave”.

Sólo algunos ligeros aspectos de esta legislación permiten advertir que Gómez estaría aún más comprometido de lo que ya está, si se aplicara esta ley. Como dato, vale agregar que la Municipalidad de General San Martín adhirió a esta ley mediante la Ordenanza 9024 del Concejo Deliberante promulgada el 9 de diciembre de 2004 –con firma de los entonces Presidente y Secretario, José María Fernández y Andrés Alonso- y a través del Decreto Municipal 2273/04 –firmado por el Intendente Ricardo Ivoskus y por la Secretaria de Gobierno Nilda Romero-.

Lo que reclama la letrada María del Carmen Masulli, es que De Biase y el Ministerio de Trabajo Provincial se expidan sobre la validez de esta ley en el caso Gómez. Algo que se descarta teniendo en cuenta que es válida dentro de la legislación provincial corriente.

En realidad, lo que está haciendo la abogada es reclamar celeridad en el caso, y de paso le recuerda a las autoridades que parece ser un buen momento para darle sustento a la legislación vigente.