Este primero de marzo, comienza el periodo legislativo en la provincia de Buenos Aires y junto a esto la reforma de la Ley Bapro propuesta por el oficialismo durante el 2022 perderá su estadio parlamentario, de esta manera será la Suprema Corte de Justicia la que deberá definir la constitucionalidad o no de la Ley 15.008 que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Durante casi todo el 2022, el oficialismo bonaerense intentó hacer una reforma a la ley 15.008, promulgada durante la gestión de Juntos en la provincia, en este marco, la oposición se negó a dar quorum para tratar esta normativa, que terminó afectando al presupuesto provincial.

Si el máximo tribunal de justicia declara la inconstitucionalidad de la 15.008, supone un problema económico importante para la Provincia y, también, un inconveniente político para la principal coalición opositora. El déficit calculado de la Caja del Banco Provincia para 2022 fue de 19.945.253.000 pesos, y para este año, si continúa la ley actual, superará los 27.000.000.000.

«La ley 15.008  fue un acto irresponsable y oportunista. Fue aprobada… casi unilateralmente por quien entonces gobernaba. Se proponía un ajuste previsional, lo cual estaba completamente en línea con lo que se proponía el gobierno nacional en la Capital Federal cuando hubo una enorme reacción del pueblo», había manifestado el gobernador Axel Kicillof a mediados del 2022.

Por su parte, en aquella conferencia de prensa el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo declaró que se trataba de «un proyecto de ley que no genera nuevos derechos para las y los trabajadores, ni para los jubilados y jubilados. Simplemente restituye derechos cercenados y conculcados por la administración anterior de María Eugenia Vidal”.