“Dispondremos un inmediato cese de tareas por cada día de atraso”, tales fueron las palabras del secretario General de UDOCBA (Unión de docentes), Miguel Díaz, luego de la reunión que mantuvo ayer con el Director General de Cultura y Educación provincial Mario Oporto. Claro ejemplo de la fuerte posición que tendrán los gremios en caso de una demora en los haberes.

Es que hasta el día de hoy el gobierno bonaerense no puede ofrecer grandes garantías con respecto al pago de salarios, que depende de los 250 millones de pesos prometidos por el Programa de Ayuda Financiera nacional que aún no han sido enviados.

La ausencia de fondos hace que crezcan los rumores referentes a un desdoblamiento en los pagos e incluso la emisión de bonos para los sueldos de la Legislatura.

Ante este panorama el propio Scioli desmintió hoy la falta de recursos para los haberes. “Es otra de las cosas que se quieren instalar. Quiero llevar tranquilidad y certidumbre, porque hemos planificado las cosas para que no tengamos ese tipo de problemas. Se va a cumplir el pago de salarios en tiempo y forma”, expresó.

Por su parte, el Ministro de Economía Alejandro Arlía manifestó que los sueldos de agosto se abonarán a término gracias a una “ingeniería financiera”, en parte basada en los últimos ingresos por recaudación propia.

Según sus declaraciones el cronograma irá del 1 al 7 de septiembre, día en que cobrarán los docentes y empleados de la dirección general de Educación.

Pero el uso de fondos provinciales no bastará como medio a largo plazo, ya que el rojo de las cuentas bonaerenses hace imprescindible una ayuda del gobierno nacional. Tal como graficó Arlía, "Cuando lleguen esos fondos se va a terminar equilibrando la caja".

Pero mientras tanto se multiplican los reclamos sectoriales. Ayer hubo un paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, con múltiples movilizaciones en Buenos Aires, que demandaba principalmente una mayor coparticipación a las provincias y municipios para garantizar el pago de haberes del último trimestre.

También en el día de ayer la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizó un paro de 24 horas en los 77 hospitales bonaerenses. La medida tenía como objetivo reclamar, entre otras cuestiones, una suba salarial del 22% y un aumento en el monto de las guardias.

Por otra parte, desde el gremio docente UDOCBA, no sólo amenazaron con el paro en caso de un atraso en los pagos sino que solicitaron “abrir la discusión en paritarias para lograr cuanto antes un aumento de sueldos”.

Estos pedidos van a contramano con la situación de la provincia que, como ya había anunciado Arlía, no efectivizará aumentos hasta fin de año.

Desde su cartera tratan de apurar el tratamiento del Presupuesto 2010 antes de fin de año y ya se anticipó un alza en el impuesto inmobiliario para las propiedades que tengan mayor valuación. Este año se había aplicado una medida similar, con un incremento promedio de un 20%, que afectó a los inmuebles con valor fiscal superior a los 120 mil.

Ante esta situación no sorprenden las actitudes conciliadoras de Scioli hacia el gobierno nacional, de quien depende el futuro financiero de la provincia. Si hasta el momento no llegó una ayuda se debe en gran medida a la crisis que afecta las cuentas federales, y que hace que el Ejecutivo considere por estas horas un pedido de financiamiento a nivel internacional.

Por lo pronto, Scioli limita sus gestos de autonomía y apoya a la Presidenta en medidas tan controvertidas como el veto al artículo 4 de la Ley de Emergencia Agropecuaria; que, por otra parte, lo enfrenta a otros sectores y amenaza por generarle un significativo costo político.

Por Laura Elisandro