El expresidente Mauricio Macri quedó procesado por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, de acuerdo a la resolución que este miércoles firmó el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava. El magistrado halló al exmandatario responsable de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares de las víctimas del submarino que se hundió en 2017, al tiempo que le dictó un embargo por la suma de 100 millones de pesos.

En su resolución, Bava sostuvo: “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”.

Este martes, el juez ya había firmado el procesamiento de dos ex jefes del área Contrainteligencia de la central de espías, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, y allí había argumentado que era “imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno Nacional hayan estado al margen de los sucesos”.

La acusación contra Macri es por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018 y la causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.

El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017.

En la causa ya están procesados los ex jefes de la AFI de la gestión de Juntos por el Cambio, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En aquella oportunidad, Bava consideró que “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.