Es el primer proyecto que vota la Cámara alta desde el rechazo a las retenciones móviles. Fue apoyado por los 61 legisladores presentes. Apunta a investigar una maniobra de las exportadoras que habría permitido una evasión impositiva de US$ 1.700 millones.
En su primera sesión después de aquella maratónica que concluyó de madrugada con el desempate del vicepresidente Julio Cobos que terminó enterrando el proyecto kirchnerista para avalar las retenciones móviles, el Senado le dio media sanción a la creación de una comisión bicameral que, si la aprueba Diputados, deberá investigar una maniobra de las cerealeras que les habría permitido evadir impuestos por alrededor de US$ 1.700 millones.
El proyecto obtuvo el voto positivo de los 61 legisladores presentes. Establece la creación de una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis diputados que en su trabajo podrá requerir documentación, testimonios y otras pruebas, practicar inspecciones y pedir el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.
La maniobra que investigarán fue denunciada ante la Aduana por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Supuestamente, entre el 10 de noviembre de 2007 y el 11 de marzo de 2008 (antes de las retenciones móviles) fueron liquidadas de manera irregular retenciones por unos 20 millones de toneladas de cereales, soja, y subproductos. El total presuntamente evadido rondaría los US$ 1.700 milllones.
Según la denuncia, antes del aumento de las alícuotas a principios de noviembre, un puñado de empresas firmó declaraciones juradas de venta al exterior de mercadería que no tenían ni habían adquirido. De ese modo, quedaron congelados tanto el precio como las retenciones que debían pagar, aunque la verdadera exportación se realizaría después a un precio mayor y debería haber pagado un mayor porcentaje de derechos aduaneros.
La semana pasada, kirchneristas y radicales habían presentado proyectos similares para armar una comisión de senadores, pero ayer decidieron unificar los despachos y sumar a la Cámara baja.
Entre las que empresas cuyas operaciones serían escrutadas están Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina, Louis Dreyfuss y la Aceitera General Deheza, que pertenece a la familia del senador oficialista Roberto Urquía, ex titular de la Comisión de Presupuesto y que votó contra la resolución 125.
