Por Mariela Belski.

Argentina, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dio un paso firme y correcto en la condena de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela. Después de las dudas generadas por las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, el Gobierno apoyó el informe realizado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, que documentó casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.

Esta decisión, que incluye el apoyo para que la Misión continúe su trabajo, asume especial relevancia en el marco de las voces internas en el oficialismo que se niegan a reconocer la gravedad de las violaciones de derechos humanos llevadas adelante por el gobierno de Nicolás Maduro. Los crímenes de derecho internacional y la vulneración de derechos del pueblo venezolano, que aún siguen impunes, fueron documentados y denunciados por Amnistía Internacional desde 2014 y la probable comisión de delitos de lesa humanidad fue revelada en un informe publicado también por nuestra organización el año pasado.

El contundente documento de la Misión avala nuestras denuncias y las de muchísimas organizaciones locales e internacionales acerca de la alarmante situación de derechos humanos que se mantiene en territorio venezolano y que constituye una verdadera crisis política, económica, social y humanitaria. Esa labor implica un respaldo para miles de víctimas y sus familias. Por eso, Amnistía Internacional señaló reiteradamente la importancia de que Argentina y los demás Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos impulsaran la renovación y fortalecimiento del mandato de este mecanismo de escrutinio internacional.

Es coherente y esperado que Argentina, país de fuerte tradición en su política exterior de derechos humanos y lucha social por la memoria, la verdad y la justicia, no de la espalda a una situación tan grave de vulneración directa e indirecta de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Por otra parte, el documento firmado por los países expresa otra de las preocupaciones centrales que viene manifestando Amnistía Internacional: la situación de las 5 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar Venezuela y las 7 millones que necesitan asistencia humanitaria debido al agravamiento de la crisis política y económica. Asimismo, se destaca que uno de cada tres venezolanos carece de seguridad alimentaria y necesita asistencia. En ese marco, los gobiernos de la región deben garantizar el acceso de personas migrantes y refugiadas venezolanas a la documentación y regularización de su situación en tiempos razonables, a fin de que se les permita disfrutar efectivamente de sus derechos, acceder a servicios sociales y al mercado laboral.

La calificación como crímenes de lesa humanidad a los delitos sufridos por miles de venezolanos debe ser un fuerte llamado de atención y un punto de inflexión, ya que implican un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Por eso, debemos acompañar a las víctimas en su dolor y en su búsqueda de la verdad y la justicia. Es responsabilidad primordial de Venezuela, así como de todos los Estados, promover, proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos de todas y todos.

La autora es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.